El Parlamento de Cantabria vivió el pasado lunes un intenso debate político y social luego de la intervención del diputado Cristóbal Palacio, representante de Vox, quien planteó serias dudas sobre la gestión de fondos públicos durante la pandemia del año 2020. Palacio, en su enérgico discurso, arremetió contra el Gobierno regional, conformado por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señalando presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario. Sus declaraciones han desatado una ola de inquietud entre los ciudadanos y políticos de Cantabria, quienes exigen una explicación detallada sobre las acciones del Ejecutivo regional, liderado en ese momento por el regionalista Miguel Ángel Revilla y el vicepresidente Pablo Zuloaga.

Palacio comenzó destacando la complejidad del año 2020, subrayando que tanto la sociedad como el Gobierno y el Parlamento se enfrentaron a desafíos sin precedentes. Reconoció la disposición inicial del Parlamento para colaborar con el Gobierno en tiempos excepcionales, pero señaló que se han revelado detalles preocupantes sobre supuestos negocios privados aprovechando la situación de emergencia. En particular, denunció que el Gobierno de Cantabria realizó pagos sustanciales a una empresa por material sanitario sin contar con un contrato formal, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos públicos. «Se aprobaron todo tipo de ayudas, no se fiscalizó o apenas se fiscalizó la actuación que realizaban los miembros del Gobierno, y cada vez que se nos solicitó a los grupos parlamentarios la más mínima colaboración dimos muestras de nuestra buena disposición», expresó Palacio en su discurso.

El diputado destacó que el Parlamento de Cantabria, aunque carece de la figura del decreto ley, demostró ser capaz de atender modificaciones legales en tres días, priorizando la efectividad sobre la formalidad. Sin embargo, manifestó su preocupación por las recientes revelaciones sobre presuntos actos de corrupción y mal manejo de fondos públicos por parte de miembros del Partido Socialista en el Gobierno. «Desgraciadamente, las últimas semanas se han llenado de titulares, de fotos, de expresiones en las que estamos empezando a ver cómo el Partido Socialista se aprovechó de la buena fe de los ciudadanos o parte de los miembros del Partido Socialista se aprovecharon de la buena fe de los ciudadanos, para realizar negocios privados», afirmó Palacio.

Una de las acusaciones más impactantes presentadas por Palacio involucra un contrato millonario con una empresa sin experiencia previa en suministros médicos. Señaló que el consejero de Sanidad en ese momento, el socialista Raúl Pesquera, habría hecho un pago anticipado de más de un millón de euros antes de firmar el contrato, lo que pone en entredicho la adecuada gestión de los recursos públicos en un momento crítico para la salud pública. «Si el 27 de marzo comunicó a todos los cántabros que tranquilidad, que él estaba al mando, al día siguiente recibe una comunicación formal por parte de esa empresa de confianza que antiguamente ya había contratado con el Gobierno de Cantabria, para decirle que hombre, que respiradores no, que respiradores no, pero que, ya que habían cobrado 1.200.000 euros, IVA incluido, pues que traerían alguna otra cosa, exactamente al día siguiente», detalló Palacio. La empresa en cuestión, Kalea Group Deporte y Entretenimiento, fue identificada como proveedora de material sanitario del Gobierno de Cantabria.

El diputado destacó que la falta de experiencia de la empresa en suministros médicos plantea serias dudas sobre la idoneidad de la misma como proveedor en una situación de crisis sanitaria. «Kalea Group es una empresa relativamente conocida de Madrid, probablemente con algún vínculo con el Partido Socialista, que tiene como misión principal establecer un puente entre el baloncesto español y el de la NBA y el baloncesto chino», destacó Palacio. Además, Palacio resaltó el hecho de que la empresa a la que se realizó el pago carecía de experiencia previa en suministros médicos. «Kalea Group es una empresa relativamente conocida de Madrid, probablemente con algún vínculo con el Partido Socialista, que tiene como misión principal establecer un puente entre el baloncesto español y el de la NBA y el baloncesto chino», destacó. Por su parte, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia dijo en su respuesta a la intervención de Palacio, «señor diputado, voy a leer con literalidad la interpelación que con formato de pregunta me hace hoy usted en este Pleno», comenzó Urrutia, destacando la naturaleza detallada de la pregunta del diputado. Sin embargo, expresó su perplejidad ante la insistencia de Vox en este tema durante los últimos dos meses, desde que estalló el caso Sánchez a nivel nacional.

La consejera remarcó que el Gobierno había respondido de manera transparente a las preguntas anteriores de Vox sobre este tema, proporcionando información detallada sobre las empresas contratadas por el Gobierno de Cantabria desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Además, aseguró que el Gobierno había investigado exhaustivamente cualquier vínculo entre estas empresas y las tramas de corrupción mencionadas. «Fruto de ese trabajo, puedo asegurar hoy que, hasta la fecha, no se ha detectado que alguna de las empresas con las que el Gobierno de Cantabria y su sector público ha contratado esté implicada en la llamada trama corrupta del caso Sánchez», afirmó Urrutia, enfatizando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La consejera también señaló que el Gobierno de Cantabria no está personado en ningún procedimiento judicial relacionado con este asunto y que no ha recibido comunicación formal de ningún órgano judicial sobre los contratos de compra de material sanitario durante el período citado en las preguntas.

En cuanto al contrato específico mencionado por Palacio sobre la compra de respiradores, Urrutia aclaró que la empresa en cuestión no estaba incluida en las empresas implicadas en la trama de corrupción del caso Sánchez, por lo que no era relevante para la pregunta inicial del diputado. La consejera concluyó reiterando el compromiso del Gobierno de Cantabria con la transparencia y la lucha contra la corrupción, invitando a cualquier persona que tenga información relevante sobre este asunto a compartirla con las autoridades pertinentes. El debate en el Parlamento evidenció las tensiones políticas en torno a la gestión de la crisis sanitaria y la necesidad de garantizar la integridad en las contrataciones públicas durante situaciones de emergencia. Las acusaciones de corrupción plantean interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión en el ámbito gubernamental, así como sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la protección de los recursos y el bienestar de los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas se erigen como pilares fundamentales en la gestión gubernamental, especialmente en tiempos de crisis, donde la confianza pública en las instituciones se ve puesta a prueba. En este contexto, es crucial que los líderes políticos actúen con responsabilidad y ética, priorizando el interés general sobre cualquier otro interés particular o partidista. La ciudadanía demanda respuestas claras y acciones concretas por parte de sus representantes, y es deber de los gobernantes garantizar la máxima integridad en el ejercicio del poder y la administración de los recursos públicos. El escrutinio público y la participación ciudadana son elementos esenciales en la construcción de una sociedad democrática y justa, donde la corrupción no tenga cabida y la transparencia sea la norma.