Sira Rego, actual ministra de Juventud e Infancia del Gobierno español, ha suscitado una fuerte controversia tras obtener el 50% de un piso de protección pública a través de una donación realizada en 2020 por su ex pareja, Ismael González, secretario de Organización de Izquierda Unida (IU). La ministra, quien anteriormente fue eurodiputada y percibía un salario bruto anual de cerca de 200.000 euros según fuentes parlamentarias, adquirió la propiedad de esta vivienda que forma parte de una promoción de Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), un tipo de inmueble que busca facilitar el acceso a la vivienda a familias con ingresos limitados, según publica el digital OK Diario.

La historia comienza en 2009, cuando Ismael González adquirió el piso en una urbanización ubicada en Rivas-Vaciamadrid, un municipio administrado por IU desde 1991. La adquisición se realizó a través de una cooperativa, una modalidad común en las promociones de viviendas de protección pública. Durante los 12 años siguientes, Sira Rego y González compartieron el pago de la hipoteca de la vivienda, firmada en diciembre de ese año, en un contexto donde Rego ya ocupaba un cargo político como concejal de Medio Ambiente en el Gobierno municipal de Pepe Masa.

En enero de 2020, según consta en la documentación del Registro de la Propiedad, Sira Rego obtuvo el 50% de esta propiedad mediante "título de donación" de su ex pareja. El inmueble en cuestión tiene una superficie construida de 132,98 metros cuadrados y forma parte de una urbanización que incluye dos plazas de garaje, piscina comunitaria, jardín y una zona infantil. Se trata de una vivienda que fue definitivamente clasificada como VPPL por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2009.

El reglamento que regula este tipo de viviendas establece que los ingresos familiares no deben superar 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un indicador de referencia para las ayudas y prestaciones públicas. En 2009, el Iprem era de 6.326,86 euros anuales en 12 pagas, lo que implica que los ingresos familiares no podían exceder los 47.451,45 euros. La normativa también establece que las personas beneficiarias no deben ser titulares de otra vivienda protegida ni de una vivienda libre cuyo valor supere el 40% del precio máximo total de venta.

La adquisición de Sira Rego del 50% de este piso ha generado críticas debido a sus elevados ingresos como eurodiputada, lo que supera con creces los límites establecidos para acceder a este tipo de vivienda. Durante su etapa en el Parlamento Europeo, Rego percibió un salario bruto anual de 105.000 euros, además de una asignación para gastos generales que incluye dispositivos digitales, telefonía, material de oficina, y dietas para alojamiento y comidas, sumando un total cercano a los 200.000 euros anuales. Este nivel de ingresos está muy por encima de los umbrales requeridos para las viviendas de protección pública.

El gabinete de la ministra ha defendido la adquisición, argumentando que Rego pagó el 50% de la hipoteca durante 12 años, lo que justificaba su inclusión como copropietaria del inmueble. Señalaron que el acuerdo se hizo "como reconocimiento" por los años en que ella contribuyó al pago de la hipoteca. Sin embargo, el hecho de que su salario como eurodiputada sea considerablemente superior a los límites establecidos ha generado una gran polémica.

La relación de Sira Rego con las viviendas protegidas en Rivas-Vaciamadrid no es un caso aislado. Otros ediles de Izquierda Unida también han sido vinculados con la obtención de viviendas de protección pública en el municipio. Pedro del Cura, alcalde de Rivas-Vaciamadrid tras su paso como concejal, también adquirió una vivienda protegida en la localidad. Del Cura afirmó que él y sus hermanas iniciaron los trámites para adquirir el inmueble "mucho antes de ser concejal", en 2003, y que firmaron la compra solo después de demostrar que cumplían con los requisitos de renta establecidos por la legislación.

Tania Sánchez, otra edil de IU que fue posteriormente diputada nacional, también se vio involucrada en una polémica al adquirir un piso protegido en la misma urbanización y luego venderlo a Curro Corrales, otro concejal de IU en Rivas-Vaciamadrid. Sánchez se defendió en su momento argumentando que la vivienda no había sido "regalada" por el Ayuntamiento, ya que esta no financió ni promocionó las viviendas, y que ella accedió a la promoción de VPPL mediante una cooperativa que ella misma ayudó a formar.

La situación de Sira Rego ha abierto un debate sobre el acceso a viviendas de protección pública por parte de personas con altos ingresos y su idoneidad para recibir este tipo de ayuda. La normativa de la Comunidad de Madrid establece que las viviendas VPPL deben destinarse a familias con ingresos limitados, con el fin de ofrecerles un acceso más asequible al mercado inmobiliario.

La ministra también ha sido objeto de controversia por sus mensajes en redes sociales, particularmente tras publicar un comentario que fue calificado como antisemita, en el que afirmaba: "Desde el río hasta el mar". Esta expresión, que se refiere a la región entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ha sido interpretada como un llamado a la desaparición de Israel. El mensaje generó críticas desde diversos sectores y fue ampliamente cuestionado por organizaciones que luchan contra el antisemitismo.

En conclusión, el caso de Sira Rego ha suscitado una amplia crítica no solo por la adquisición de una vivienda de protección pública a pesar de sus elevados ingresos como eurodiputada, sino también por el debate ético que genera la obtención de este tipo de viviendas por personas que, en principio, no deberían calificar para las mismas. A esto se suma el hecho de que otros miembros de Izquierda Unida han estado envueltos en situaciones similares, lo que ha alimentado las sospechas sobre el uso de este tipo de viviendas.

La polémica evidencia la necesidad de examinar más de cerca los requisitos y procedimientos de las promociones de viviendas con protección pública, para garantizar que sean destinadas a aquellos que realmente las necesitan. El caso de Sira Rego es un ejemplo de cómo las regulaciones pueden ser objeto de interpretación y manipulación, generando desconfianza en el sistema de viviendas protegidas. Los políticos implicados, por su parte, defienden la legalidad de sus acciones, subrayando su compromiso con el pago de las hipotecas y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Además, este caso resalta la importancia de una supervisión más rigurosa de las viviendas protegidas para evitar que las personas con ingresos elevados accedan a propiedades diseñadas para ayudar a quienes tienen dificultades para ingresar al mercado inmobiliario. La confianza pública en las políticas de vivienda depende de la transparencia y equidad en la aplicación de las normas, y casos como el de Rego ponen en duda la integridad de este sistema.