El Gobierno, junto con los principales sindicatos CCOO y UGT, han alcanzado un acuerdo crucial sobre la reforma del subsidio por desempleo. Este hito se produce apenas a diez días de la fecha límite del 20 de mayo, establecida por la Comisión Europea para evitar sanciones por el retraso en esta medida.

La rúbrica de este pacto tuvo lugar este miércoles, llevada a cabo por representantes del Ministerio de Trabajo y los mencionados sindicatos. Este acuerdo llega tras cuatro meses de intensas negociaciones desde que el Real Decreto-ley que contenía la medida fuera rechazado en el Congreso el 10 de enero, principalmente debido a los votos en contra de Podemos.

Aunque este paso es significativo, no está exento de controversia. La patronal, representada por CEOE, ha decidido no sumarse a este pacto, alegando que el proceso fue más una consulta que una negociación formal. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, afirmó que esta negativa se debe a "razones políticas". A pesar de ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó su agradecimiento a CEOE por su colaboración en este proceso.

La necesidad de esta reforma se hizo aún más urgente después de que el Congreso rechazara la medida en enero, considerándola un castigo a Yolanda Díaz. Ante esta situación, el Gobierno tuvo que negociar una prórroga con Bruselas para evitar sanciones por el retraso en la implementación de la reforma.

El principal riesgo que enfrenta España es el embargo parcial del cuarto pago acordado con la Unión Europea, que asciende a alrededor de 900 millones de euros, de un total de 10.000 millones. Esta situación podría prolongarse hasta que se cumpla la promesa de llevar a cabo la reforma en un plazo máximo de siete meses, según informaron fuentes de la Comisión Europea.

En un intento por evitar este escenario, el Gobierno planea acelerar la reforma a través de un Real Decreto-ley, aunque inicialmente se había previsto tramitarla como un nuevo proyecto de ley. Esta estrategia busca encontrar la "fórmula legislativa más adecuada", según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.

La firma de este acuerdo se ha interpretado como un logro del diálogo social por parte de Yolanda Díaz, quien destacó que la norma rechazada por el Congreso en enero no había pasado por una verdadera mesa de negociación. La vicepresidenta resaltó la importancia del subsidio por desempleo como un derecho fundamental y subrayó la actividad del Gobierno en un contexto de críticas por su parálisis legislativa.