El escándalo que envuelve a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha tomado un giro aún más controvertido. Bajo el pretexto del debate sobre la salud y los límites de la democracia española, el PSOE y sus socios han comenzado una campaña de persecución contra jueces, la oposición y cualquier medio de comunicación que no alinee con su agenda.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reveló en una entrevista en la Cadena SER el corazón de esta nueva estrategia, insistiendo en la necesidad de que la instrucción judicial pase a manos de la Fiscalía. Según Zapatero, esta medida es "imprescindible para no ceder ante el chantaje de la derecha" sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Detrás de la reacción enardecida de Sánchez, se vislumbra una estrategia más amplia: inmiscuirse en el sistema judicial. Esta estrategia amenaza con interponerse en la aplicación de la polémica ley de amnistía, que según planes del Gobierno, será aprobada en el Congreso dentro de un mes.

La Fiscalía, vista por muchos como obediente al Gobierno, es un actor clave en esta maniobra. Los expertos advierten que cualquier reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería ir acompañada de una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar su autonomía, algo que el Gobierno ha decidido ignorar.

En paralelo, se intensifica la presión sobre el CGPJ. Tras fallidas negociaciones con el PP, voces dentro del PSOE y sus aliados han sugerido desalojar este órgano judicial por la fuerza, sin buscar consenso. Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, ha propuesto reformas que facilitarían esta intervención, sugiriendo incluso la reducción de las mayorías parlamentarias requeridas para la elección de sus miembros.

El caso de Juan Carlos Peinado, el juez que abrió diligencias contra Gómez, ha despertado un clamor particular. Ana Sánchez, secretaria general del PSOE en Castilla y León, ha pedido abiertamente su inhabilitación, un acto que muchos ven como un ataque directo a la independencia judicial.

Este asedio no se limita a la judicatura. El presidente Sánchez y sus aliados han situado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en el centro de sus críticas, acusándolos de ser cómplices de un supuesto ataque contra él y su familia. Mientras tanto, la prensa que no sigue la línea oficialista se enfrenta a ataques y amenazas de regulación, con el gobierno y sus aliados tachándolos de ser parte de una "galaxia digital ultraderechista".

En este contexto, el teatro político de Sánchez revela una estrategia de división y conquista, donde jueces, oposición y prensa no afín son pintados como enemigos del estado. Este panorama no solo pone en riesgo la democracia española, sino que mancha la reputación del país a nivel internacional, convirtiendo la política en un espectáculo más propio de regímenes autoritarios que de una nación democrática.