La Sección Primera de la Audiencia ha desestimado los recursos presentados por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de los servicios jurídicos del ente provincial, Alejandro Cardenal, quienes intentaron frenar la intervención de los correos por considerarla invasiva y no pertinente.

La resolución del tribunal, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, apoya la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y afirma que la medida de la juez fue "exquisitamente cuidadosa" y necesaria para el avance de la investigación. Esta orden permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder el pasado 9 de julio a los correos electrónicos de David Sánchez y otras ocho personas vinculadas a la administración local, con el fin de esclarecer las circunstancias de su contratación y presuntos beneficios obtenidos durante su tiempo en la Diputación de Badajoz.

Investigación sobre el acceso al cargo de David Sánchez

El caso gira en torno a la polémica contratación de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, quien fue nombrado coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz en 2017. Su incorporación a este cargo coincidió con la segunda llegada de su hermano, Pedro Sánchez, a la secretaría general del PSOE, lo que levantó sospechas sobre posibles tratos de favor y maniobras previas para facilitar su acceso a un puesto que, según los investigadores, podría haber sido creado específicamente para él.

Los correos intervenidos abarcan un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022, y podrían arrojar luz sobre si se realizaron actos preparatorios con el objetivo de adjudicarle el puesto, que cuenta con un salario anual de 53.890 euros. Posteriormente, en 2022, David Sánchez fue promovido al cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la misma institución. Estas promociones, sumadas a su salario y otras facilidades, son el foco central de la investigación, que se inició tras una denuncia que acusaba a Sánchez de haber recibido favores injustificados y haber acumulado un patrimonio considerable sin una justificación clara.

La Audiencia defiende la idoneidad de la intervención

En su resolución de 29 páginas, la Audiencia de Badajoz rechaza los argumentos esgrimidos por Gallardo y Cardenal, quienes alegaron que la intervención de los correos electrónicos era desproporcionada y que podía vulnerar la privacidad de las personas implicadas. No obstante, los magistrados subrayan que la actuación de la jueza instructora fue adecuada y proporcional, ya que se limitó a solicitar las "comunicaciones realizadas en el ámbito laboral" y no afectaba a correos personales ni íntimos de las personas investigadas.

Además, los magistrados remarcan que esta intervención no constituye una investigación prospectiva —es decir, que no se está realizando de manera general o con la intención de encontrar pruebas aleatorias—, sino que responde a indicios concretos sobre irregularidades en el proceso de contratación de David Sánchez. La Audiencia apoya la decisión de la jueza Biedma, calificándola como ajustada a derecho y justificando la necesidad de acceder a las comunicaciones para continuar con la investigación.

Solicitudes de David Sánchez para proteger la confidencialidad

A medida que la investigación ha avanzado, David Sánchez ha expresado repetidamente su preocupación por la posible filtración de los correos electrónicos incautados. El hermano del presidente ha solicitado a la jueza que recuerde a todas las partes implicadas la obligación de confidencialidad sobre los datos recabados, ya que considera que la difusión de dicha información podría afectar a personas no imputadas en el caso. En su opinión, la divulgación de estos correos podría causar daños irreparables a terceros, dado que contienen comunicaciones sensibles de carácter laboral.

Esta no es la primera vez que David Sánchez intenta limitar el acceso a los datos obtenidos en el marco de la investigación. Anteriormente, ya había solicitado la expulsión de dos acusaciones populares que participan en el proceso, entre ellas la del sindicato Manos Limpias, una de las principales impulsoras de la querella que dio inicio a las investigaciones.

Actuación de la UCO y nueva incautación de correos

La UCO de la Guardia Civil ha intervenido en tres ocasiones en las dependencias de la Diputación de Badajoz para acceder a los correos electrónicos del personal investigado. La última visita de los agentes se produjo este martes, cuando procedieron al volcado completo de los servidores donde se alojan los correos. Estas diligencias se vieron inicialmente afectadas por un fallo informático que impidió la descarga de parte de la información en la primera intervención de julio, lo que llevó a los agentes a regresar para completar la tarea.

Entre los correos más destacados incautados por la UCO figuran los del propio David Sánchez, así como los del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y del diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Antonio Garrote, quien firmó las bases de la convocatoria que permitió a Sánchez concursar para el puesto.

Creciente patrimonio bajo sospecha

La querella contra David Sánchez incluye, además de la irregularidad en su contratación, una denuncia sobre el notable incremento de su patrimonio durante los últimos años. Según los datos recabados, Sánchez habría declarado un patrimonio de 1,7 millones de euros, una cifra difícilmente explicable solo con su salario como funcionario público.

Los investigadores han señalado que parte de este aumento patrimonial podría deberse a donaciones familiares, particularmente una de 240.000 euros realizada por su padre, que permitió a David Sánchez adquirir una vivienda en Elvas, Portugal, el año pasado. Un informe de la Agencia Tributaria remitido a la jueza sin firma ni membrete exonera a David Sánchez de cualquier delito fiscal, ya que se justifica su situación fiscal por sus frecuentes estancias en el extranjero, dado que ha residido en cuatro países distintos en los últimos años. Sin embargo, este informe no ha sido suficiente para despejar todas las dudas sobre sus finanzas, lo que mantiene viva la investigación.