En una operación temprana, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han llevado a cabo un registro meticuloso en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, situada en la capital. El operativo, que comenzó a las 08:25 horas de este jueves, forma parte de la investigación en curso sobre el escándalo conocido como el 'caso Mascarillas'.

La investigación apunta directamente a Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), quien recientemente compareció ante la Fiscalía Europea pero optó por no declarar. Domínguez es sospechoso de haber cometido tráfico de influencias y prevaricación administrativa, y su gestión está siendo examinada debido al pago sospechoso de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.

Estas mascarillas, pagadas por adelantado durante la crisis de la pandemia de COVID-19, resultaron ser un completo fraude, ya que un cargamento fue destruido por las autoridades aduaneras en el Puerto de La Luz tras descubrir que estaban falsificadas y procedían de Etiopía. Este incidente ha levantado serias dudas sobre la gestión y la integridad de los procesos administrativos dentro del SCS.

La implicación de Domínguez en este escándalo provocó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo bajo el mandato del entonces presidente autonómico y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Además de Domínguez, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas y la Fiscalía Europea también investigan a Rayco González, administrador de RR7, por delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, y a Ana María Pérez, exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, acusada de prevaricación.

Este escándalo no solo ha sacudido los cimientos del sistema sanitario canario sino que también ha puesto en tela de juicio la eficacia de los controles administrativos y la transparencia gubernamental en las Islas Canarias. El caso continúa desarrollándose y la comunidad espera respuestas claras y medidas correctivas severas para prevenir futuras malversaciones y corrupción en las administraciones públicas.