En un intento de politizar la administración pública, el PSC-PSOE, liderado por Pablo Zuloaga, ha lanzado una serie de acusaciones infundadas contra el gobierno de María José Sáenz de Buruaga, calificándolo de “antisistema”. Este término parece más un truco retórico que una evaluación objetiva de las políticas implementadas por el gobierno del PP en Cantabria.

Durante una rueda de prensa reciente, Zuloaga ha intentado pintar un cuadro de negligencia y mala gestión, específicamente en relación con el proyecto de turismo en Santillana del Mar y la modificación de la ley del suelo. Sin embargo, una inspección más cercana revela que estas afirmaciones parecen estar más motivadas por intereses partidistas que por hechos concretos.

Zuloaga acusó al gobierno de Buruaga de desviar fondos europeos destinados a Santillana del Mar, una afirmación que no solo carece de pruebas, además de ser muy grave, sino que también ignora los múltiples controles y balances que rigen la distribución de fondos de la UE. Además, el líder socialista no proporcionó detalles significativos que respaldaran sus afirmaciones de incumplimiento con la LOSU o la ley de Ciencia, más allá de la retórica diseñada para desacreditar al gobierno regional.

La Proposición No de Ley registrada por el PSC-PSOE, que será debatida en el Pleno, apunta a paralizar cualquier desarrollo que, según ellos, convertiría a Cantabria en la “Ibiza del norte”. Esta postura, aunque suena bien para una audiencia preocupada por la sostenibilidad, en realidad desvía la atención de los esfuerzos genuinos del gobierno actual para equilibrar el desarrollo y la conservación.

Por otro lado, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, contrasta las acciones del gobierno del PP con una política anterior más restrictiva sobre el suelo rústico. Esta comparación, sin embargo, falla al no reconocer que la modificación buscaba fomentar el desarrollo rural de manera controlada, algo que los críticos a menudo pasan por alto en su narrativa.

Además, las acusaciones de Zuloaga sobre la ley de Vivienda y la ley de Cadena Alimentaria solo muestran un desconocimiento de las medidas implementadas por el gobierno de Buruaga, que ha trabajado activamente para mejorar las condiciones de vivienda y asegurar prácticas justas en la cadena alimentaria en Cantabria.

En definitiva, mientras el PSC-PSOE intenta presentarse como el defensor de la legalidad y la sostenibilidad, su retórica no solo carece de fundamento sino que también parece ser una estrategia para ganar puntos políticos a expensas de la verdad y la eficacia gubernamental. Es esencial que los debates políticos se basen en hechos y no en manipulaciones diseñadas para engañar al público.