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El fiscal de la causa por el accidente de Castelar, en el que en febrero de 2023 murió un joven motorista, elevó ayer jueves a definitivas sus conclusiones provisionales, manteniendo así su petición de condena para los dos conductores implicados: catorce años de prisión para B.B., el autor material de la colisión con el ciclomotor, al que considera responsable de un homicidio y tres delitos más contra la seguridad vial; y cuatro años de cárcel para el segundo automovilista involucrado, A.B., por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida y otros dos ilícitos.

La familia de la víctima, que pedía 19 años y que ejerce la acusación particular, también ha ratificado en la cuarta sesión del juicio su escrito inicial, reafirmándose en que ambos son responsables: el primero de forma directa y el segundo como coautor y cooperador necesario del siniestro. Considera que los dos cometieron un homicidio en concurso con un delito de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás, por los que respectivamente reclama trece años y ocho meses de prisión y doce años y cinco meses. De su lado, la defensa del principal encausado -que conducía un Audi negro que entró en la calle de Santander donde se produjo el choque a 136 kilómetros por hora e impactó con la moto a 97 km/h, según expertos de la Guardia Civil- ha modificado sus conclusiones en la vista oral, que se celebra con jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. El abogado de B.B. entiende que cometió un homicidio pero por imprudencia grave, por el que interesa tres años de cárcel y cinco de prohibición del derecho a conducir.

Y el representante legal de A.B. -que manejaba un Golf rojo que entró en Castelar a 114 km/h y realizó una frenada de emergencia- ha elevado a definitivo su escrito inicial, aunque ha introducido como conclusión alternativa que su patrocinado es responsable de un delito de conducción temeraria por el que debe ser condenado a seis meses de prisión y retirada del carné de conducir durante año y medio.

Así lo han expuesto en la sesión de ayer jueves, en la que se ha practicado la prueba pericial con la comparecencia del equipo de la Benemérita que reconstruyó el accidente, los encargados de las muestras y pruebas de alcohol y drogas al fallecido y a los investigados, y los forenses que hicieron la autopsia.

En la recta final del juicio, que seguirá este viernes con los informes finales y concluirá el lunes con la entrega del objeto del veredicto al tribunal, el fiscal ha introducido algunos matices en su escrito, en el que determina que B.B. cometió delitos de homicidio y contra la seguridad vial -conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida, a velocidad superior en 60 km/h en vía urbana y bajo la influencia de drogas, con la agravante de la reincidencia, al haber sido condenado antes por delitos de tráfico-. Por eso, además de la pena de cárcel, también pide diez años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y que indemnice a la familia del fallecido con 301.400 euros. Y para A.B. -a quien igualmente imputa la conducción superior en 60 km/h en vía urbana y bajo la influencia de las drogas (dio positivo en cannabis, por consumo repetido o crónico, y él dijo ser consumidor habitual)- reclama asimismo diez años sin conducir. La acusación particular, que ha modificado su conclusión inicial para incrementar la indemnización anterior reclamada a los dos conductores (343.000.-) en 23.288.- más por discapacidades físicas y psíquicas de los familiares más allegados, también pide 3.240 euros de multa y ocho años sin conducir a cada procesado, considerando que en el primero concurre la agravante de reincidencia.