IRENE RUIZ / SANTANDER
Fernando Muguruza es, desde ayer, un hombre libre. La Audiencia de Cantabria ha decidido que no hay motivos suficientes para mantener encerrado al alcalde de Castro Urdiales en prisión preventiva, por lo que ayer mismo a primera hora de la tarde, abandonaba el Penal de El Dueso en Santoña para volver a su casa en Castro acompañado por su esposa, Cristina Puente, y sus hermanas Juncal y Mercedes.

Han pasado veinte días desde que el pasado jueves día 18 de febrero el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro, decidiera que la única forma de garantizar la investigación abierta contra el regidor por el caso ‘La Loma’ era mantenerle en cárcel preventiva y sin fianza hasta que finalizase la instrucción. Lo hacía de acuerdo con las posiciones de las acusaciones particulares (la Junta Vecinal de Santullán, los vecinos afectados de la urbanización La Loma y el partido político La Unión) que denunciaban el riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, puesto que -según el auto de fecha 18 de febrero- el alcalde seguía ejerciendo competencias urbanísticas y de contratación pese a tenerlas revocadas por una orden anterior.
La prisión se ordenó a raíz del recurso de reforma presentado por las acusaciones particulares ante el auto de octubre. La Fiscalía se sumaba a la petición de prisión el pasado viernes 26 de febrero, tras la declaración del propio Muguruza, que fue llamado ante el juez tras la aparición de nuevas pruebas.
Al día siguiente del encarcelamiento de Muguruza, su defensa presentaba un recurso de apelación ante la Audiencia de Cantabria, que ahora ha resuelto de acuerdo a la solicitado por el abogado del alcalde: éste queda desde ayer en libertad provisional sin fianza.
Y es que -siempre según el auto dictado por la Audiencia Provincial a fecha 9 de marzo- no hay suficientes indicios de que Muguruza haya quebrantado las medidas provisionales interpuestas contra él en el auto de 9 de octubre de 2009, que le revocaba las competencias en materia de Urbanismo y Contratación; como tampoco cree demostrado que haya destruido u ocultado pruebas.
La Audiencia recuerda en su auto que el texto del Juzgado castreño recoge que el imputado ha ocultado documentación fundamental «cuyo paradero se desconoce» y que se ha «agudizado el ‘desorden’ en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento», lo que afectaría a posibles nuevas investigaciones. Y contesta a ese argumento que «no se prevé en la ley que se puedan obstaculizar futuras investigaciones sino la que sea objeto de las actuaciones penales».
Asimismo, precisa que sobre la documentación que ya se ha ocultado supuestamente, la declaración de la testigo -en la que se fundamentan los indicios- dice «desconocer dónde se encuentran determinados documentos, no que sea el imputado quien haya podido apoderarse indebidamente de ellos o hacerlos desaparecer», según reza el auto.
En cuanto a la posibilidad de que el primer edil castreño incurra en reiteración delictiva, la Audiencia manifiesta que «parece cuando menos difícil una delimitación exacta de la función propia de un alcalde de la de un concejal de Urbanismo», subrayando que en ningún momento a Muguruza se le han revocado sus competencias como regidor. Y, apunta, no se citan resoluciones urbanísticas concretas dictadas a partir de octubre ni se afirma que haya efectuado contrataciones.