Asociaciones apoyan a expresidenta de Infancia Libre y a madres protectoras

Madrid, 1 feb (EFE).- Cerca de 170 colectivos sociales, como la asociación de mujeres Themis, han pedido que se conceda urgentemente el indulto a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, para que no entre en prisión condenada por secuestrar a su hijo, y han exigido que se deje de criminalizar a "madres protectoras".

Madrid, 1 feb (EFE).- Cerca de 170 colectivos sociales, como la asociación de mujeres Themis, han pedido que se conceda urgentemente el indulto a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, para que no entre en prisión condenada por secuestrar a su hijo, y han exigido que se deje de criminalizar a "madres protectoras".

Lo han hecho en una rueda de prensa a la María Sevilla ha acudido justo después de recoger en el Juzgado de Penal número 2 de Madrid, de Ejecutorias, el mandamiento de ingreso en prisión en los próximos diez días para cumplir la condena a dos años y cuatro meses de cárcel a la que fue condenada en 2020 por un juzgado madrileño por la sustracción de su hijo, y que confirmó la Audiencia Provincial.

La sentencia incluye la pérdida de la patria potestad por cuatro años, y ahora su ejecución avanza tras la decisión del juzgado de no atender el recurso de María Sevilla para no entrar en prisión mientras se tramita el indulto que solicitó ante Justicia. La afectada ya ha recurrido esta decisión, según ha avanzado hoy.

Precisamente este martes unas 168 asociaciones, algunas de ellas firmantes del indulto, han pedido que se otorgue esta medida de gracia a Sevilla para que no tenga que dejar de ver a su hijo, que consideran que puede estar en riesgo con su padre, que hace unos meses se lo llevó a vivir a Málaga, lo que además ha obligado a María Sevilla a trasladarse allí para verle los días pautados.

Estos colectivos han criticado "la desprotección de la infancia y la criminalización de las madres protectoras", han explicado que quieren llevar este realidad a una comisión de investigación del Congreso y han reiterado que el uso del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se usó en el caso de María Sevilla y de "otras muchas" madres, ya ha sido prohibido.

Desde la asociación de mujeres juristas Themis Altamira Gonzalo ha puesto de relieve que solo se denuncian un 15 % de los abusos sexuales contra menores, y de los que se denuncian la mayoría, el 70 %, no llegan a juicio, lo que supone "una senda de impunidad de los abusos sexuales en la infancia".

La representante de Themis, que es uno de los colectivos que firmó la petición de indulto para María Sevilla, ha denunciado que "nuestra justicia se torna en muchos casos en una justicia patriarcal que no cree a las mujeres en sus relatos, fundamentalmente cuando denuncian violencia de género" o que sus parejas abusan de sus hijos.

María Sevilla ha afirmado que no tiene miedo de entrar en prisión, si esto finalmente ocurre, sino de que su hijo "quede en una situación de riesgo y desprotección absoluta", y ha sostenido que la sociedad "ha sido testigo de la situación tan cruel que vivimos", ya que "cada vez que hemos pedido que se protegiera a mi hijo se nos ha denegado y castigado".

Ha puesto de relieve que, en cambio, "cada cosa que dice el padre del niño es una sentencia judicial", como el hecho de llevárselo a vivir a Málaga, lo que un juzgado aprobó seis meses después de que lo hiciera y sin despedirse de ella, ha relatado.

Sevilla ha deslizado que desde que vive con su padre su hijo ha sufrido al menos una fractura y sufre "desnutrición al nivel 1".

María Sevilla fue detenida el 30 de marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) por la Policía Nacional por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado y sin escolarizar durante un año.

Había sido presidenta de Infancia Libre, asociación que la Policía investigó para determinar si se trata de una organización criminal dedicada a presentar denuncias falsas por abuso sexual, lo que fue descartado por la Fiscalía. EFE

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