Bukele bajo sospecha, expertas salvadoreñas dicen que maras controlan barrios

Hugo Sánchez

San Salvador, 28 dic (EFE).- Calificadas oficialmente como un "ejército irregular de más de 70.000 miembros", las pandillas mantienen el control sobre los territorios en El Salvador, según expertas consultadas por Efe, que sospechan que el Gobierno de Nayib Bukele negocia con estas bandas criminales, algo que las autoridades niegan.

Entre las situaciones que han acentuado la desconfianza sobre el plan de seguridad gubernamental están una repentina alza de asesinatos a inicios de noviembre y las investigaciones periodísticas de digital El Faro que señalan la existencia de supuestas negociaciones con las pandillas.

A estas se suman las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a dos funcionarios del Ejecutivo de Bukele por la "existencia de negociaciones" con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

LA VÁLVULA DE HOMICIDIOS

El Ejecutivo de Bukele atribuye a su Plan Control Territorial la sensible baja de los homicidios en los últimos años, que comenzó en 2016, y las autoridades señalan que este 2021 cerrará como el año menos violento.

La cifra acumulada de homicidios entre enero y noviembre fue de 1.074, un 12,4 % menos que los 1.226 computados en 2020, según datos de la Policía, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. Esto significa un promedio de 3,2 asesinatos diarios.

Sin embargo, a inicios de noviembre una escalada de homicidios se cobró la vida de más de 40 personas a manos de pandilleros, de acuerdo con las autoridades.

Para la investigadora en temas de seguridad Jeannette Aguilar, "estas fluctuaciones abruptas son esperadas en un contexto en donde prevalece la ausencia de una política".

Del plan gubernamental de Bukele se conocen pocos elementos y los que son públicos son similares a las acciones efectuadas por anteriores gobiernos, como el amplio uso de militares.

A juicio de Aguilar, el país padece la "ausencia de una política de seguridad que atienda integralmente el fenómeno de la violencia criminal" y agrega que, ante la sospecha de la negociación, "vamos a estar supeditados a la voluntad de estos grupos de mantener estos niveles o de alterarlos".

Indicó que una de las hipótesis sobre la referida escalada es que pudo ser "deliberada" para que las pandillas pudieran "efectuar ajustes que por razones del pacto habían postergado" y para posicionar la efectividad policial y militar ante la opinión pública.

"Viniendo de un gobierno cuyo elemento central es lo comunicacional, lo propagandístico, (...) no me extrañaría que sea cada vez más frecuentes recurrir a abrir la válvulas (de homicidios), sin importar que se trate de vidas humanas, para generar un clima de opinión favorable para determinados objetivos", subrayó.

Publicaciones periodísticas indican que esta es la cuarta alza de asesinatos para el Gobierno de Bukele. Se dieron en septiembre de 2019, abril y julio de 2020 y noviembre de 2021.

EN LAS COMUNIDADES MANDAN LAS PANDILLAS

Verónica Reyna, de la organización humanitaria Servicio Social Pasionista (SSPAS) que atiende a víctimas de la violencia, señaló que "ese control (de los territorios), ese dominio sigue estando en manos de esas estructuras (pandillas)".

"El Estado no ha recuperado los municipios, no ha recuperado los territorios, las colonias, y eso queda en evidencia con solo ir a las comunidades", añadió.

Sostuvo que las conversaciones con los pobladores dan cuenta que las pandillas "están presentes en el territorio y siguen controlando y dominando las dinámicas comunitarias".

A su juicio, "estas estructuras han decidido dejar de cometer tantos delitos" como antes, pero "eso no significa tampoco que ya no estén cometiendo delitos".

Advirtió que una de las estrategias de las pandillas para que las cifras de homicidios se mantengan bajas podría ser la de desaparecer a las personas para "dejar claro quien manda en el territorio".

CONTROL DIVIDIDO ENTRE PANDILLAS Y POLICÍA

En 2021 los casos de desplazamiento forzado generado por la violencia "están bastante similar" al 2019, según dijo a Efe Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de la organización no gubernamental Cristosal.

Indicó que los pandilleros son quienes más expulsan de sus hogares a los salvadoreños y que la MS13 y el Barrio 18 se reparten la incidencia, cuando en el pasado esta primera banda era la más señalada, los que podría tener "algún tipo de relación" con la supuesta negociación.

Añadió que no es posible concluir que el plan gubernamental ha impactado en el desplazamiento, pero que "sí podríamos pensar que el control territorial sigue estando en manos de las pandillas".

Indicó que, a nivel "anecdótico" con casos puntuales, han conocido que "las zonas se las han dividido" entre policías y pandilleros.

LA DEFENSA DEL PRESIDENTE

El 15 de diciembre pasado, el presidente Bukele calificó de "absurda" la acusación del Gobierno de Estados Unidos de los supuestos beneficios dados a la pandillas y señaló que su plan le ha permitido tener los meses "más seguros en la historia de El Salvador".

Negó que los cuerpos de seguridad hayan recibido la orden "de no combatir" o de "no arrestar un delincuente".

"No es fácil enfrentarse a ese cáncer que creció durante 30 años, no es fácil enfrentarse a un ejército irregular de más de 70.000 miembros que tienen armas del ejército, granadas del ejército proporcionadas por las administraciones anteriores", sostuvo.

El día que EE.UU. anunció las sanciones contra el jefe de las cárceles, Osiris Luna, y Carlos Marroquín, titular de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, el mandatario publicó en Twitter que había videos de beneficios a las pandillas "pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros". EFE

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