La conflictividad competencial se reduce a un ritmo de un acuerdo por semana

Madrid, 30 dic (EFE).- El Gobierno y las comunidades autónomas han suscrito este año 55 acuerdos para poner fin a conflictos de competencias entre ambas administraciones, lo que representa un 77 % más que en 2020 y una media de algo más de una resolución de discrepancias en este sentido por semana.

Este es uno de los elementos que destaca el Ministerio de Política Territorial en su balance de este año y de lo que va de la actual legislatura, junto al impulso de la Conferencia de Presidentes y de las conferencias sectoriales y un avance importante en el diálogo, tanto multilateral como bilateral, y en los traspasos pendientes.

En el año del traspaso de la cartera de Miquel Iceta a Isabel Rodríguez el pasado 12 de julio, en este balance aparece también el impulso de las ayudas para la modernización de las administraciones locales y por catástrofes naturales, la revitalización de la conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE), la mejora de la presencia de la AGE en el territorio y la reducción de las desigualdades territoriales.

Recuerda el Ministerio además que actualmente trabaja para presentar al Consejo de Ministros la modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la mejora de las relaciones de colaboración entre las administraciones públicas.

Igualmente, entre sus objetivos está reformar también la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local para incluir, entre otras cuestiones, un estatuto especial para los municipios de menor población, contribuyendo así al "firme compromiso del Gobierno frente al Reto Demográfico".

Uno de los hitos que resalta el balance de este año es el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2021, con una presupuesto de 60 millones de euros, aportados a partes iguales por el Ministerio y el Gobierno de Aragón, para promover la creación de un espacio de competitividad que permita superar las peculiaridades socioeconómicas de esa provincia y favorecer la generación de actividad económica.

En cuanto al diálogo bilateral, señala que con Cataluña se ha acordado impulsar la actividad de los órganos de cooperación y la creación de grupos de trabajo en diversas materias, aunque en la nota informativa en la que da cuenta de este balance figura en primer lugar que con La Rioja "se ha retomado la normalidad del diálogo institucional tras más de treinta años de interrupción".

En este epígrafe apunta asimismo que se ha formalizado el traspaso de la sanidad penitenciaria a Navarra, en una Junta de Transferencias que no se había reunido en 20 años.

En noviembre de este año, la ministra firmó la convocatoria de subvenciones por importe de 92,77 millones de euros para la transformación digital y modernización de las entidades locales en el periodo 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El balance hace también un resumen de las ayudas por catástrofes, empezando por la erupción volcánica en la Palma, que en la fase actual, una finalizada la erupción, se traduce en la valoración definitiva de los daños y la identificación de las actuaciones a realizar en las infraestructuras municipales e insulares afectadas.

Menciona asimismo en este apartado los acuerdos del Consejo de Ministros para declarar "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" tanto las comunidades que han registrado inundaciones e incendios como las perjudicadas por la borrasca Filomena.

En 2021, hasta el 21 de diciembre, se han transferido ayudas para paliar los efectos de catástrofes por un importe superior a 50 millones de euros, un porcentaje de ejecución superior al 77 %, que significa una cifra "récord", muy por encima del mejor dato hasta ahora, que fue el 39,9 % de 2019. EFE

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