Fiscal mantiene penas de 14 y 11 años de inhabilitación para ex cargos SCS

Santander, 11 feb (EFE).- La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 14 y 11 años de inhabilitación para dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) por supuesta prevaricación en este organismo de 2015 a 2018, aunque ha acotado esa pena a funciones relativas a la contratación administrativa.

La Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria ha dejado visto para sentencia el juicio contra Francisco Javier González -ex subdirector de Gestión Económica- y Alejandro Rojo -gerente de Atención Primaria-, acusados de eludir procedimientos legales fraccionando contratos para una asesoría externa, obras de mantenimiento en centros de salud y la adquisición de ecógrafos.

Por su parte, el PP, que ejerce la acusación particular en esta causa, solicita una condena de 15 años de inhabilitación para ambos, mientras que la defensa sigue pidiendo la libre absolución de los dos acusados, que no han ejercido su derecho a la última palabra.

Durante la presentación de su informe, el fiscal ha llamado a tener en cuenta la "falsa dicotomía" que ha acompañado a este juicio.

"Parece que, como hubo unos resultados favorables para la Administración, su actuación estaría justificada. No debemos caer porque la prevaricación trata de velar por el buen uso de las actuaciones administrativas", ha dicho.

Respecto a los servicios del asesor externo, el ministerio público percibe "dos contradicciones flagrantes", primero en la contratación de su hija y después en el "evidente" fraccionamiento de los contratos. "No hace ningún trabajo, nadie la ve", ha dicho.

Y ve además "una engañifa" que en diez meses se formularan entre ambos -padre e hija- cuatro contratos por valor de casi 50.000 euros. "Esto excede de la mala organización", ha incidido.

La Fiscalía entiende que, si al subdirector de Gestión Económica no se le considera autor de la contratación del asesor externo, sería "cooperador necesario".

La acusación popular ha afirmado que el "acusado conocía perfectamente al asesor", mientras que la defensa ha señalado que "la única irregularidad" que manifiesta la Intervención es que "el contrato se paga antes de la fecha prevista".

En opinión de la letrada de la defensa, los contratos respondieron a "necesidades reales e independientes" y sus frutos supusieron un "ahorro de millones de euros" para la Administración. "El objeto de contrato se realizó de forma satisfactoria", ha recalcado.

En relación a las obras en los centros de salud, el fiscal y la acusación particular ven probada la "duplicidad contractual y el fraccionamiento" porque esas obras se preveían en el contrato con la concesionaria del servicio de mantenimiento y porque en los cuatro casos son "trabajos esencialmente idénticos".

"No se harían 41 contratos menores para arreglar los 41 centros de salud. No es razonable", ha incidido el ministerio público, quien, al igual que la acusación particular, cree que no es casualidad que los contratos de las cuatro obras recayeran en tres empresas que comparten dos mismos socios.

La defensa cree que, en cualquier caso, "no puede constituir cuatro delitos, sino uno".

"Partimos de un error en el que se insiste: las obras que se efectuaron en estos centros de salud no fueran obras de mantenimiento, sino de reparación de daños de diferente consideración, algunos importantes", ha apostillado.

Según ha dicho, la naturaleza de estos arreglos "en ningún caso estaba incluida en el contrato de mantenimiento" previo.

Tampoco ve "arbitrariedad porque tendrían que haberse adjudicado a un amigo". "Nadie ha demostrado eso, no podemos suponerlo porque estaríamos vulnerando el principio de presunción de inocencia", ha agregado.

Por último, sobre la adquisición de los 22 ecógrafos, el fiscal cree que se debería haber hecho en un contrato con once lotes y ha contrapuesto los "esfuerzos para negar los fraccionamiento de Benigno Caviedes (ex gerente del SCS)", que defendió que cada ambulatorio tenía necesidades distintas y por eso tenía sentido adquirir diferentes modelos según que centros, con la declaración de una enfermera, que dijo "que daba igual".

También perciben "un problema de la competencia porque el acusado dice y ejecuta la compra sin corresponderle".

La defensa ha respaldado la declaración de Caviedes, "médico y ex gerente de hospitales y del SCS que sabe de lo que habla".

Además, ha añadido que "el hecho de que los ecógrafos se adquirieran a dos empresas demuestra que no se quiso favorecer a ninguna en concreto".

"Todos cometemos pequeñas irregularidades a diario en nuestros trabajos, hay que preguntarse si la decisión fue arbitraria y causó perjuicio a la Administración", ha afirmado la abogada, quien no ve "un injustificado abuso de poder ni siquiera en el ámbito administrativo". EFE

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