Fiscal pide 36 años a la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal por atentados en Gijón

Madrid, 8 feb (EFE).- El fiscal ha pedido este martes en el juicio 36 años de prisión para la exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal al estimar que se ha probado que participó en los atentados contra una farmacia y el Palacio de Justicia de Gijón en la madrugada del 2 de noviembre de 1996, que causaron cuantiosos daños materiales.

La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio en el que las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y la Asociación Víctimas del Terrorismo se han sumado a la petición del representante del Ministerio Público.

Este ha rebajado de 46 a 36 años su petición inicial de cárcel al retirar la acusación por el delito de pertenencia a organización terrorista, dado que Iratxe Sorzabal ya ha sido condenada por el mismo en Francia, pero ha mantenido la imputación por los dos de estragos.

Esta es la única causa por la que Iratxe Sorzábal fue entregada temporalmente el pasado 14 de enero a España por Francia, donde cumple condena tras haber sido detenida en 2015 en el país galo junto al exjefe de ETA David Pla.

El abogado defensor de Iratxe Sorzabal ha solicitado su absolución al estimar que no se ha probado que participara en dichos atentados.

Sorzabal, que ha rechazado hacer uso a su derecho a la última palabra, negó este lunes ante el tribunal haber participado en estos atentados y recordó que tras ser detenida 2001 en Hernani (Guipúzcoa) quedó en libertad y huyó a Francia, donde ya sí se integró en la banda, hasta que fue detenida en 2015.

Y alegó que tras su arresto la Guardia Civil le obligó con torturas a confesar su participación en los atentados de Gijón.

Durante su informe el fiscal ha explicado que su acusación se basa en un documento incautado en 2002 por la Policía gala en una vivienda utilizada por ETA en Castres (Francia) que habría sido escrita por Iratxe Sozabal tras su detención en Hernani.

El fiscal ha explicado que se trata de la carta, demominada "cantada" en el argot de los etarras y "autocrítica" en el de las fuerzas de seguridad, que la dirección de la banda obliga redactar a sus militantes después de que sean detenidos para informar a la organización qué han declarado.

El fiscal ha destacado que en dicha carta la acusada relata su participación en diferentes acciones terroristas a las que ya hizo mención en sus declaraciones ante la Guardia Civil e incluso en otras que desconocían las fuerzas de seguridad.

Al respecto la abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo ha destacado que tal como han relatado en el juicio guardias civiles que realizaron un informe sobre dicho documento en el mismo figuraban hechos que solo podía conocer alguien que hubiera participado en los mismo como informaciones de posibles objetivos de ETA, entre los que figuraba el expresidente del PP de Guipúzcoa Borja Semper.

En todo caso el fiscal ha recordado que la acusada fue examinada por médicos y ninguno acreditó que sufriera lesiones fruto de malos tratos.

Dos guardias civiles han relatado en el juicio la estrategia de ETA consistente en ordenar a sus militantes denunciar de forma sistemática malos tratos para intentar anular sus declaraciones ante las fuerzas de seguridad y tratar de desacreditar a las mismas.

El letrado defensor ha reconocido que la carta fue escrita por Iratxe Sozabal pero ha aclarado que en ella relata lo que se vio obligada a declarar ante la Guardia Civil por los malos tratos que recibió.

En todo caso ha alegado una posible vulneración del derecho de defensa ya que en la causa solo consta una fotocopia de dicho documento y una traducción incompleta.

"Todo el respeto a las víctimas, entiendo que haya que saber la verdad, esclarecer y juzgar unos hechos de hace 25 años pero así no. ¿Tiene que venir la Guardia Civil aquí a decir que Iratxe Sorzabal no fue torturada?, no es el camino", ha concluido el letrado, que ha recordado que el caso de su defendida figura en informes de entidades y organizaciones dedicadas a investigar malos tratos.

Iratxe Sorzábal está aún pendiente de terminar de cumplir en Francia condenas que le impusieron los tribunales galos.

El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a 3 años de cárcel por su pertenencia al aparato político de ETA y en 2013 fue de nuevo condenada en rebeldía en el juicio en el que se le impuso una cadena perpetua al padre de su hija, el exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007. EFE

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