Fiscalía pide abrir juicio a exconsellera Serret por desobediencia en procés

Madrid, 25 feb (EFE).- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra juicio oral a la exconsejera catalana Meritxell Serret, que estuvo tres años huida, por un delito de desobediencia en el marco del proceso independentista catalán de 2017.

En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del alto tribunal, al que ha tenido acceso Efe este viernes, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena se muestran conformes con el auto con el que el juez del Supremo Pablo Llarena concluía el sumario de la exconsellera, y piden juzgarla por un delito de desobediencia.

También lo hace el partido político Vox, acusación popular de la causa del "procés" y que hasta ahora solía acusar por delitos más graves que la Fiscalía.

Según el escrito del partido, Serret debe ser juzgada por la "contumaz y continuada desatención" de los requerimientos del Tribunal Constitucional en relación a la aprobación de "iniciativas legislativas y reglamentarias abiertamente inconstitucionales": la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña -ambas anuladas por el TC-

Serret fue una de las cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó a Bélgica tras esta declaración, en octubre de 2017, junto al propio expresident, pero era la única sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del "procés", dictada el 14 de octubre de 2019, despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa.

Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados únicamente por desobediencia -que no conlleva pena de prisión- al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O.

Serret se personó por sorpresa en el Supremo en marzo del año pasado para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía. Unos meses después, Llarena concluyó el sumario y remitió la causa a la Sala de lo Penal, responsable de juzgarla.

La exconsellera fue procesada en rebeldía el 21 de marzo de 2018 por desobediencia y malversación y, ya en 2021, durante su declaración indagatoria, reconoció que, pese a que recibió las advertencias del Constitucional, decidió seguir adelante con el "procés" por ser "un mandato popular", si bien defendió que su departamento no destinó ningún pago para el referéndum del 1-O.EFE

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