La FMC estima exención canon a municipios restará 250.000 euros a Cantabria

Torrelavega, 22 dic (EFE).- La Federación de Municipios de Cantabria (FMC) estima que la exención del pago del canon de saneamiento a los 39 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento supondrá una merma de ingresos para el Gobierno regional de 250.000 euros, lo que supone un 1 % del total que recauda, unos 25 millones.

Torrelavega, 22 dic (EFE).- La Federación de Municipios de Cantabria (FMC) estima que la exención del pago del canon de saneamiento a los 39 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento supondrá una merma de ingresos para el Gobierno regional de 250.000 euros, lo que supone un 1 % del total que recauda, unos 25 millones.

En un comunicado, la federación recuerda este miércoles que la exención es una antigua demanda de la entidad que desde hoy se ha recogido al aprobarse los Presupuestos Generales de Cantabria para 2022, una medida que también fue propuesta por el Consejo Asesor para la lucha contra el despoblamiento.

En este sentido, resalta que la medida tiene como objetivo tratar de evitar la pérdida de población en las zonas rurales, medida que había sido solicitada varias veces "aunque sin éxito" a la Consejería de Economía y Hacienda.

De los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, 30 son calificados de actuación prioritaria por riesgo grave, entre ellos Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Lamasón, Los Tojos, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Rionansa, Tresviso, Tudanca, Vega de Liébana, Cieza, Campoo de Suso y Campoo de Yuso.

También se incluyen Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea, Valderredible, Arredondo, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Soba y Vega de Pas.

Por su parte, los de Cillorigo de Liébana, Herrerías, Ruente, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Rasines se consideran de actuación preferente.

Así mismo, se presta un tratamiento especial y diferenciado al Valle de Villaverde, que presenta una particular idiosincrasia al estar enclavado dentro del territorio de Vizcaya.

No obstante, la Federación insiste en que debe ser el Gobierno el que asuma la recaudación del canon de saneamiento y no los ayuntamientos por tratarse de un tributo autonómico y no municipal.

Y asegura que, además, supone un coste añadido para ellos, sobre todo los que tienen externalizado el servicio de recaudación, por lo que también solicita la revisión del mismo porque muchos vecinos de localidades pequeñas lo abonan si contar con ese servicio. EFE

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jgp/mg