Fuerzas de seguridad clausuran la sede del Consejo de Magistratura en Túnez

Túnez, 7 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad tunecinas clausuraron este lunes el acceso a la sede del Consejo Superior de Magistratura (CSM) apenas dos días después de que el presidente de la República, Kais Said, anunciara su disolución pese a no haber publicado todavía un decreto presidencial al respecto.

Túnez, 7 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad tunecinas clausuraron este lunes el acceso a la sede del Consejo Superior de Magistratura (CSM) apenas dos días después de que el presidente de la República, Kais Said, anunciara su disolución pese a no haber publicado todavía un decreto presidencial al respecto.

En un comunicado de prensa, la Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT) denunció que esta medida constituye una "grave regresión de los logros constitucionales y refleja una voluntad de someter el poder judicial al poder Ejecutivo con el fin de centralizar todos los poderes en las manos del jefe del Estado".

El pasado domingo durante la madrugada el equipo de comunicación de Presidencia publicó un discurso de Said, en presencia de numerosos altos cargos del ministerio del Interior, en el que anunció que publicará un decreto "temporal" para disolver el Consejo que "se considera como parte del pasado desde ahora".

Ese mismo día, el "Movimiento del 25 de julio"- formado por simpatizantes del presidente- reunió frente a la sede del CSM en la capital a varios centenares de personas para reclamar una "purga" de magistrados corruptos.

Sus críticos le acusan de ocultar pruebas y dilatar los juicios sobre los asesinatos de los políticos de izquierda Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, tiroteados por extremistas salafistas en 2013.

El presidente del Consejo, Youssef Bouzacker, rechazó estas acusaciones y aseguró que el órgano continuará su trabajo hasta concluir el mandato el próximo mes de octubre puesto que no existe ningún marco jurídico y constitucional para adoptar dicha medida "ilegal".

Dos semanas antes, Said decretó la supresión de los "privilegios" de sus 45 miembros, que corresponden a una prima mensual de 700 euros y un bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos. En los últimos meses, el mandatario ha recriminado a los magistrados defender intereses privados y proclama la revisión del poder judicial como un medio para erradicar la corrupción.

Creado en 2016, el Consejo Superior es un organismo independiente encargado de nombrar a los jueces además de velar por la independencia del poder judicial y beneficia de una autonomía administrativa y financiera, tal como recoge la constitución.

Desde que el pasado 25 de julio Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos de "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zin El Abidin Ben Ali.

Pese a haber nombrado un Gobierno con prerrogativas muy limitadas, Said sigue tomando decisiones por decreto hasta la celebración de las eleciones legislativas anticipadas, previstas el 17 de diciembre tras un referendum para modificar la constitución. EFE

nrm/jgb