La junta presiona a los birmanos para que no se unan a la huelga por el golpe

Bangkok, 1 feb (EFE).- La junta birmana ha llevado a cabo una campaña de presión, que incluye amenazas de cárcel, para que los ciudadanos no participen en la huelga convocada para este martes en protesta por el golpe de Estado perpetrado por los militares hace justo un año.

El movimiento opositor ha convocado una "huelga de silencio" desde las 10 a las 16 horas (GMT+6.30) con el propósito de vaciar las calles y mandar un mensaje de rechazo a la junta militar que gobierna el país desde que el Ejercito derrocara al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021.

Al final de la jornada de huelga está previsto que los ciudadanos aplaudan y hagan caceroladas, uno de los símbolos de la persistente y desafiante oposición contra la junta militar, que ha reprimido en el último año con extrema violencia las protestas pacíficas.

En los últimos días, las autoridades han amenazando a través de visitas y cartas a los propietarios de negocios de que si cerraban hoy sus propiedades podrían ser confiscadas e incluso enfrentarse a penas de cárcel, según revelaron varias fuentes a Efe.

La semana pasada la junta golpista amenazó a través de un comunicado en la prensa oficialista con usar un amplio abanico de cargos, incluido en el sedición, que implica largas penas de prisión, contra las personas que participen en actos de disidencia pacífica, como huelgas o caceroladas.

En un intento de que la huelga de silencio, que en anteriores convocatorias fueron un éxito rotundo de seguimiento y consiguieron paralizar las principales ciudades del país, las autoridades han cambiado el horario de los funcionarios para que se vean personas en las calles durante las horas de la huelga.

Según comunicaciones publicadas en las redes sociales, los trabajadores de algunos departamentos públicos han recibido la instrucción de cambiar su horario de 10 a 15 horas en lugar de 9 a 17 horas, como es habitual.

Las dificultades al acceso a Internet, una de las tácticas de los militares para debilitar los movimientos de protesta, han aumentado en las ultimas semanas, según relatan habitantes de Rangún, la principal ciudad de Birmania y antigua capital.

Desde la semana pasada, las fuerzas de seguridad imponen además multas a los ciudadanos que usen servicios VPN (programas antifiltros de internet), utilizados habitualmente por internautas para burlar la prohibición de acceso a algunas páginas y redes sociales.

Las multas, que se imponen a aquellos que son pillados utilizando las VPN en la calle o lugares públicos, oscilan entre los 50 y 60 dólares ( entre 44 y 53 euros).

Al menos 1.503 personas han muerto desde el sublevamiento militar a raíz de la brutal represión de las autoridades, quienes han detenido a más de 11.800 personas, según los datos recogidos hoy por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos en Birmania.

Una decena de embajadas en Birmania, entre ellas las de Unión Europea y Estados Unidos, denunciaron este martes el "devastador impacto" en Birmania del golpe de Estado perpetrado por los militares hace justo un año.

"Más de 14 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, la economía está en crisis, los logros democráticos se han revertido y el conflicto (armado) se está extendiendo por todo el país", resumen en un comunicado conjunto las delegaciones diplomáticas.

El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales. EFE

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