Ley que penaliza el acoso en centros abortivos culmina su trámite en Congreso

Madrid, 3 feb (EFE).- La ley que castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para abortar culminará este jueves su paso por el Congreso y seguirá su tramitación en el Senado en medio de la polémica por la campaña que llama a acudir a rezar ante estos centros.

La mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados dará hoy el visto bueno a la proposición de ley presentada por el PSOE, que modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres y trabajadores de las clínicas en las que se practican abortos.

Todo ello, en medio de la polémica suscitada a raíz de la campaña publicitaria en marquesinas puesta en marcha por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) que anima a "rezar" ante las clínicas abortistas.

Una decena de ayuntamientos decidieron retirar de marquesinas y soportes publicitarios la polémica campaña, al considerar que vulnera los derechos de las mujeres, aunque otros, como Madrid y Córdoba, la van a mantener.

Los controvertidos carteles, con el lema "Rezar frente a las clínicas abortistas está genial", se colocaron en 250 soportes de 33 ciudades, en respuesta a esta proposición de ley.

Durante su tramitación parlamentaria, los grupos han acordado que este tipo de acoso pueda ser perseguido sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer que los ha sufrido.

Todo ello en una norma planteada para introducir un nuevo artículo en el Código Penal que castigará a quienes se concentran a las puertas de las clínicas abortivas y hostigan y coartan la libertad de las mujeres con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

PP y Vox se han posicionado en contra de esta reforma legal, pues sostienen que quienes acuden a estos centros para impedir que las mujeres aborten ejercen libremente sus derechos de reunión y manifestación.

Mientras, el Ministerio de Igualdad ultima el borrador de la reforma de la ley del aborto para garantizar la "accesibilidad, gratuidad y equidad territorial" en la interrupción voluntaria del embarazo, objetivo que se recogía en la consulta pública abierta por el departamento que dirige Irene Montero.

Montero dijo en varias ocasiones que el borrador estaría listo a finales de diciembre pero de momento no se conocen los detalles del texto, en el que Igualdad apostaba por incluir dos formas de violencia contra la mujer hasta ahora no están reconocidas como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

Además de incluir la educación sexual integral con enfoque de género en todas las etapas, el borrador, tal y como han manifestado desde Igualdad en varias ocasiones, eliminará la necesidad del consentimiento paterno que se exige a las chicas de 16 y 17 años que quieren abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015. EFE

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