El presidente tunecino defiende la disolución del Consejo de Magistratura

Túnez, 10 feb (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, confirmó este jueves su intención de disolver el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que será remplazado por otro órgano provisional hasta la promulgación de una nueva ley, con el fin de "sanear" el país de la corrupción.

"Algunos dudan de la disolución del Consejo. El pueblo quiere la depuración del sistema judicial", insistió el mandatario durante el Consejo de Ministros celebrado hoy en el palacio de Cartago, en el que cuestionó la independencia de los jueces y su "autoridad omnipotente".

Más de 200 magistrados y letrados participaron hoy en una manifestación frente al Palacio de Justicia de la capital para protestar contra la desaparición de este órgano constitucional- creado en 2016 para nombrar a los jueces- tras culminar una huelga de dos días en todos los tribunales del país.

Además, un total de 45 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Abogados Sin Fronteras (ASF) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), condenaron hoy "toda interferencia del Ejecutivo en el funcionamiento de la justicia".

La ministra de Justicia, Leïla Jaffel, anunció ayer la creación de un consejo provisional para gestionar los casos urgentes a la espera de revisar la ley actual con el fin de "preservar los derechos de los jueces", una decisión a la que el CSM se opone al considerar que dicho órgano sustituto no tiene ningún efecto jurídico.

En una reunión celebrada este miércoles junto al ministro de Exteriores, Othmen Jerandi, Said mostró su sorpresa ante la indignación de la comunidad internacional y denunció la existencia de "campañas engañosas".

"Me pregunto por qué no se preocuparon por la desaparición de importantes sumas de dinero que dieron a Túnez. Nosotros estamos preocupados por sus preocupaciones. (...) Conocen perfectamente los excesos y los asesinatos que han ocurrido pero parece que no les inquieta a ninguno", señaló el jefe del Estado.

Un día antes, los embajadores del G7- formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- y la Delegación de la Unión Europea en Túnez difundieron un comunicado para mostrar su "profunda" preocupación y defender que "una justicia transparente, independiente y eficaz, además del respeto al principio de separación de poderes, son esenciales para el funcionamiento de una democracia".

El pasado enero, el mandatario decretó la supresión de los "privilegios" de los 45 miembros del CSM, que corresponden a una prima mensual de 700 euros y un bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos, tras acusarlos de corrupción y sesgo político.

Los culpa además de ocultar pruebas y dilatar los juicios sobre los asesinatos de los políticos de izquierda Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, tiroteados por extremistas salafistas en 2013.

Desde que el 25 de julio de 2021 Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes alegando la necesidad de "recuperar la paz social".

Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali. EFE

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