Sant Cugat pide 143.800 euros a CDC por cobro de comisiones en el caso 3 %

Barcelona, 3 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona), históricamente gobernado por CiU y ahora en manos de ERC, pide un año de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar y el decomiso de 143.800 euros a esta formación y a su sucesora, PDeCat, por cobrar comisiones a cambio del amaño de una obra en el caso 3 %.

El consistorio, acusación particular en la causa, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, en el que pide que se condene a Osàcar y a Jordi Sumarroca, directivo de la empresa Teyco, por un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de una promoción de viviendas en Sant Cugat a esta constructora en marzo de 2009, con CiU en la alcaldía.

Concretamente, el ayuntamiento sospecha que Jordi Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de CDC, y Osàcar ejercieron "presiones" para que unas obras municipales se adjudicaran a Teyco, a cambio de donaciones de esta empresa a las fundaciones CATDEM y FORUM Barcelona, que según el escrito eran utilizadas por la extinta formación convergente "para su financiación".

La acusación ejercida por el consistorio pide también un año de cárcel para Sumarroca y que se le multe con el doble del beneficio obtenido con el proyecto adjudicado, que cifran en 9,2 millones de euros, según el escrito, que ha avanzado este jueves el periódico "El País".

A Osàcar -que ya fue condenado a tres años y medio por el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música-, el consistorio le pide un año de prisión, así como 287.600 euros de multa.

El ayuntamiento pide además un decomiso de 143.800 euros, del que solicita que respondan de forma solidaria tanto Osàcar como los partidos CDC y PDeCAT.

Según mantiene el escrito, Osàcar y Sumarroca actuaron "de común acuerdo entre sí y en concierto con otras personas que no han sido determinadas a lo largo de la fase de instrucción, pero que tendrían vínculos y ascendencia" tanto sobre el Ayuntamiento de Sant Cugat como sobre la mesa de contratación de la empresa municipal S.P.M. Promociones Municipales de Sant Cugat del Vallès.

La obra bajo sospecha consistía en la finalización de 72 viviendas, locales comerciales y aparcamientos de la plaza Rabassaires de Sant Cugat para la que Promusa abrió un proceso de licitación en diciembre de 2008, al que se presentó Teyco.

En la apertura de plicas, añade el escrito, las empresas Sather y Tarraco Empresa Constructora resultaron las "mejor posicionadas" para hacerse con la adjudicación.

No obstante, según el escrito del consistorio, Sumarroca, "sabedor de que resultaría adjudicatario de la obra gracias a las donaciones que había efectuado o se había comprometido a realizar" a fundaciones próximas a CDC, efectuó una rebaja del 9,71 % del precio, con lo que consiguió la puntuación máxima y el proyecto le fue adjudicado.

Para el ayuntamiento, "tan evidente incumplimiento de las normas del procedimiento de contratación pública solo se explica partiendo de dos premisas": las "presiones ejercidas" por Osàcar y Sumarroca para procurar la adjudicación de la obra a Teyco y las donaciones que hizo el empresario a CDC a través de sociedades controladas por él.

Según recuerda el escrito, en el registro llevado a cabo en Teyco por orden judicial se halló "una secuencia de comunicaciones" de Osàcar con Sumarroca en las que el extesorero pide un certificado de dos donaciones efectuadas en mayo de 2009, "inmediatamente" después de la adjudicación de la obra de Sant Cugat.

En la caja fuerte del domicilio de Sumarroca, también se hallaron varios documentos que, añade el escrito, "revelan los pagos" a fundaciones vinculadas a CDC a cambio de obras públicas, entre ellos el proyecto de la plaza Rabassaires. EFE

rg/pll/mcm