Urgen medidas para acabar con la pobreza que atrapa a dos millones de niños

Madrid, 13 ene (EFE).- Una ayuda universal de crianza y beneficios fiscales para hogares con rentas más bajas son algunas de las propuestas de las entidades de infancia para acabar con la pobreza infantil en la que crecen 2,1 millones de niños en España, el tercer país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil.

La Plataforma de Infancia ha enviado al Gobierno y a los grupos políticos el documento “Propuestas de Infancia para la XIV legislatura 2022: La infancia en el centro de las políticas públicas” para abordar la tasa de riesgo de pobreza infantil del 27,4 % que registra España, casi 10 puntos porcentuales por encima de la media de la UE 15 (17,9 %).

"Esta situación afecta diariamente al desarrollo, derechos y oportunidades de 2,1 millones de niños y niñas, y, además, condiciona su futuro, ya que el 81 % de ellos vivirán en la pobreza cuando crezcan", alerta esta red que agrupa a más de 70 entidades de defensa de la infancia.

Destaca los avances en derechos de infancia, como la aprobación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI) y del Ingreso Mínimo Vital, pero opina que es el momento de aplicar medidas específicas y dotarlas de recursos económicos para que tengan un impacto real en la vida de los niños.

Entre las propuestas, una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones reembolsables en el IRPF con el objetivo de aumentar las ayudas destinadas a cubrir los costes de la crianza, garantizar el acceso al comedor escolar a todos los menores en situación de pobreza, poner en marcha el plan de Garantía Infantil europea y mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

En los últimos meses, los efectos de la crisis provocada por la covid han deteriorado aún más la situación de hogares vulnerables, especialmente en los que viven niños, alerta el presidente de la plataforma, Ricardo Ibarra.

"Las políticas de infancia en España no han contado históricamente con la relevancia suficiente, especialmente desde el punto de vista presupuestario, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos de nuestro entorno, donde las inversiones en infancia están protegidas. Por ello, en situaciones de crisis económica los menores son los que más sufren las consecuencias", explica.

En el ámbito educativo, propone aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio desde el 0,17 % del PIB actual al 0,44 % del PIB en 2025, simplificar y agilizar la solicitud y adjudicación de las ayudas, garantizar la accesibilidad a dispositivos electrónicos y conexión a Internet en todas las etapas educativas y aumentar la oferta de plazas públicas hasta 70.000 en educación infantil de 0 a 3 años.

Respecto a la violencia que afecta a los menores urge a las comunidades a adaptar sus normativas a la ley de protección de la infancia, asegurar una inversión suficiente y crear Juzgados y fiscalías especializados.

Recuerda que en 2020 se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a un menor. De ellas, 5.685 denuncias eran por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas -4.463- y 5.851 por violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes entre 14 y 17 años.

La Plataforma de Infancia propone desarrollar y adaptar las legislaciones autonómicas a la LOPIVI, asegurar inversión suficiente para todos los ámbitos que la ley regula y crear Juzgados especializados y una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia.

“Este es un año clave para no dejar a nadie atrás. Las niñas y niños que ahora vean vulnerados sus derechos van a ver reducidas sus posibilidades futuras y, por tanto, las de toda la sociedad", concluyen las entidades de infancia. EFE

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