Ha pasado una semana desde que Venezuela celebró unos comicios considerados decisivos para el futuro del país. El legado de Hugo Chávez, mantenido por Nicolás Maduro desde la muerte de Chávez en 2013, se ha debilitado notablemente debido a la grave crisis económica, provocando que una parte significativa de la población busque alternativas en la oposición unida en torno a María Corina Machado.

En la madrugada del lunes (hora española), comenzaron a difundirse los resultados, y con el 80% de los votos escrutados, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunció la reelección de Nicolás Maduro con el 51% de los votos, es decir, 5,1 millones. El principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44% de los votos, alrededor de 4,4 millones, mientras que el resto de los candidatos sumaron un 4,6%. La participación electoral alcanzó el 59%, superando la de elecciones anteriores.

Las encuestas en América Latina habían pronosticado la victoria de González Urrutia, situando a Maduro con menos del 30% de los votos. Tras conocerse los resultados, la oposición denunció un posible fraude electoral por parte del gobierno. El equipo de María Corina Machado se movilizó para recopilar y publicar las actas electorales como prueba del presunto fraude. La líder opositora afirmó el lunes que González Urrutia había ganado las elecciones con un 73% de los votos, aproximadamente 6,2 millones, mientras que Maduro habría obtenido solo 2,7 millones. Machado anunció la digitalización de las actas para hacerlas públicas y garantizar la transparencia de los comicios. "La verdad que dijimos que íbamos a hacer valer, ya la está comprobando el mundo. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos ganamos, ganaste", declaró Machado en una rueda de prensa.

Sin embargo, el CNE ratificó la reelección de Maduro con el 51,95% de los votos y González Urrutia con el 43,18%, con el 96,87% de las actas escrutadas. Ante la sospecha de fraude y la percepción de que sus votos habían sido manipulados, la población salió a las calles en multitudinarias manifestaciones durante toda la semana. Ciudadanos venezolanos, incluidos aquellos de barrios históricamente afines al régimen de Maduro, protestaron por lo que consideraban un "robo" y una "injusticia".

Pese a las protestas y el rechazo internacional, Maduro sigue en el Palacio de Miraflores y ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país hasta el 15 de agosto, según el diario 'El Universal'. Durante las manifestaciones, ya se han producido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Maduro anunció detenciones: "Todos los que fueron capturados en los destrozos, todos, vienen entrenados de Chile y Perú", y atribuyó los problemas electrónicos durante las elecciones a un ataque de Elon Musk. Al menos tres personas han muerto y varias decenas han sido detenidas, según la ONG de Derechos Humanos Foro Penal.

Entre las denuncias destaca la de la esposa del senador opositor Freddy Superlano, quien afirmó que su marido fue "secuestrado" y "torturado" por fuerzas leales a Maduro, según informó Vozpópuli. Además, se denunció el asalto a la oficina de María Corina Machado en el este de Caracas por un grupo de enmascarados.

Varios líderes latinoamericanos han expresado sus dudas sobre los resultados electorales y han exigido claridad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que los resultados en Venezuela "son difíciles de creer" y advirtió que su gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable". Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), se acusó a las autoridades venezolanas de "distorsionar el resultado electoral" en un proceso "sin garantías". Nueve países de la OEA solicitaron una reunión urgente para emitir una resolución que asegure la voluntad popular, exigiendo una revisión completa de los resultados con observadores electorales independientes.