Este lunes, un tribunal en Venezuela emitió una orden de detención "preventiva" contra el presidente de Argentina, Javier Milei, en el marco de una serie de acusaciones que lo vinculan a robo agravado y otros seis delitos relacionados con el caso del avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires y posteriormente enviado a Estados Unidos en febrero de este año.

La orden fue solicitada por el Ministerio Público venezolano, liderado por Tarek William Saab, quien ha actuado como vocero principal de esta medida. Saab ya había informado la semana pasada que el Ministerio Público venezolano estaba en proceso de iniciar los trámites legales para la detención de Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, estos funcionarios están implicados en una serie de delitos que van desde el robo agravado hasta la privación ilegítima de libertad y la interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil.

El caso tiene su origen en junio de 2022, cuando un avión de la aerolínea Emtrasur Cargo, con 19 tripulantes venezolanos e iraníes, fue inmovilizado en Argentina. Las autoridades argentinas tomaron esta medida bajo sospecha de que los tripulantes pudieran tener vínculos con actividades terroristas. A lo largo de la investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que la aeronave fuera enviada a su territorio, dado que existían indicios de que el avión estaba siendo utilizado para operaciones encubiertas en la región. Finalmente, en febrero de 2023, el avión fue enviado a los Estados Unidos.

Desde que se conoció la orden de detención emitida por el tribunal venezolano, las autoridades argentinas han desestimado las acusaciones. En una rueda de prensa reciente, el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, señaló que "no importa nada" lo que el "ejecutivo dictatorial" de Venezuela diga sobre Milei. "Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión sobre el avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país", afirmó Adorni. Con estas declaraciones, el gobierno argentino intenta distanciarse de cualquier responsabilidad presidencial en el caso del avión.

Paralelamente, este mes, la Cancillería argentina intensificó su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro, solicitando a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de detención contra el mandatario venezolano y otros líderes de su administración. La Cancillería sostiene que esta medida es necesaria debido al "agravamiento de la situación" en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

La tensión entre Argentina y Venezuela sigue aumentando, con ambos gobiernos utilizando el sistema judicial y diplomático como terreno de confrontación. A medida que el caso avanza, la comunidad internacional observa de cerca las acciones de ambos países.