¡Multas de hasta 45.000 euros! Cantabria se lanza a cazar alquileres ilegales en viviendas protegidas
La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria iniciará en los próximos días una campaña de inspecciones dirigidas a detectar y sancionar el uso ilegal de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la región. El consejero Roberto Media, acompañado del Director General de Vivienda, Carlos Montes, ha detallado que las sanciones pueden llegar hasta los 45.000 euros en los casos más graves, donde las viviendas protegidas se están utilizando para alquileres turísticos sin el permiso requerido.
La decisión se toma tras una serie de denuncias recibidas en la Dirección General de Vivienda, que revelaron un uso irregular de estas viviendas por parte de sus propietarios. Según ha explicado Media, "no se trata de casos aislados", ya que estas prácticas se están produciendo con cierta frecuencia en distintos puntos de la región.
Inspecciones y multas "importantes"
El objetivo de esta campaña es claro: erradicar el mal uso de las VPO y asegurar que se destinen a las personas que verdaderamente lo necesitan. "Las viviendas de protección oficial están destinadas a personas con pocos recursos y no se puede hacer negocio con ellas", ha subrayado el consejero. Las inspecciones se realizarán de manera sorpresiva y estarán a cargo del personal de la Dirección General de Vivienda, que trabajará en coordinación con la Consejería de Turismo.
Las sanciones establecidas en la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria varían según la infracción:
- Multas de entre 3.001 y 15.000 euros para aquellos que alquilen las VPO sin autorización.
- Multas de entre 6.000 y 30.000 euros para quienes utilicen estas viviendas como viviendas turísticas, en incumplimiento de la normativa turística.
En los casos más graves, las multas pueden acumularse, alcanzando cifras de hasta 45.000 euros. Media ha sido tajante: "Si detectamos estas prácticas, los responsables deberán afrontar multas severas".
Coordinación con Turismo y acciones de vigilancia
Para llevar a cabo la campaña, la Consejería de Vivienda está trabajando en conjunto con la Consejería de Turismo para identificar las actividades ilegales vinculadas a las VPO. Esta colaboración incluye el monitoreo de portales de alquiler turístico, la realización de visitas in situ y la recopilación de pruebas que demuestren el uso indebido de estos inmuebles.
El primer expediente sancionador ya se ha abierto en Corbera de Toranzo, donde algunas viviendas protegidas, originalmente adquiridas por la Sareb, estaban siendo utilizadas para generar beneficios privados. Media ha señalado que esta práctica es intolerable, ya que las viviendas protegidas deben permanecer accesibles para aquellos que más lo necesitan y no pueden convertirse en un negocio.
Un problema estructural en la oferta de vivienda
El consejero ha aprovechado la ocasión para señalar que esta medida es "un paso más" en la estrategia de vivienda que está liderando el Gobierno de Cantabria. La reciente incorporación del término "Vivienda" en la nomenclatura de la Consejería de Fomento refleja la importancia de este tema en la agenda política actual.
La oferta de vivienda asequible en Cantabria es limitada, y alquilar o vender a precios accesibles se ha vuelto una prioridad urgente para el Ejecutivo regional. Media ha recordado que durante la pasada legislatura "no se construyó ni una sola Vivienda de Protección Oficial por parte del Gobierno de Cantabria", a diferencia del Ayuntamiento de Santander, que sí promovió proyectos en este ámbito.
"Es necesario fidelizar el mercado y crear más viviendas protegidas", insistió el consejero, quien también mencionó la necesidad de reformas legislativas a nivel nacional para facilitar la entrada de más inmuebles al mercado. Según ha explicado, en la región hay alrededor de 50.000 viviendas vacías que, con los incentivos adecuados, podrían salir al mercado de alquiler o venta a precios más asequibles.
La okupación, otro reto urgente
Además del uso indebido de las VPO, el consejero también ha abordado el problema de la okupación como uno de los mayores obstáculos que enfrenta el acceso a la vivienda en Cantabria. Según Media, el miedo a la okupación está frenando a muchos propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler, lo que agrava aún más la escasez de oferta.
Media ha afirmado que las "mafias" de la okupación están utilizando una "legislación deficiente" para obtener beneficios ilícitos, y ha destacado la importancia de reformar el Código Penal y la Ley Nacional de Vivienda para dar seguridad jurídica a los propietarios.
"Es inaceptable que alguien pueda ocupar una vivienda ilegalmente y que pasen años antes de que pueda ser desocupada", afirmó. "Necesitamos un marco legal que permita resolver estos casos en 24 horas", señaló el consejero, poniendo como ejemplo el "desmadre" que, según él, se ha producido en Barcelona en esta materia.
Futuro de las políticas de vivienda y presupuestos
Finalmente, el consejero Media se ha mostrado confiado en que el PRC y otros grupos políticos apoyarán las propuestas del Gobierno para los próximos presupuestos autonómicos. "El proyecto será ambicioso y justo", afirmó, añadiendo que el objetivo es repartir los fondos de manera equitativa entre todos los municipios de Cantabria, independientemente del color político.
El consejero ha calificado de "muy bueno" el balance del acuerdo alcanzado el año pasado con el PRC y espera que las negociaciones sobre el presupuesto para 2025 reflejen la prosperidad que, asegura, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga está trayendo a la comunidad. "Cantabria necesita un gobierno de fiar, y eso es lo que estamos ofreciendo", concluyó.