El oscuro borrado de documentos por parte de miembros del PSOE en Santillana del Mar
Una investigación anticorrupción desvela la desaparición de miles de documentos clave del Ayuntamiento de Santillana del Mar, que ahora implica en graves delitos al exalcalde socialista Ángel Rodríguez y otros miembros del consistorio
Izquierdo defiende la legalidad del procedimiento que derivó en su detención por presunta corrupción
La Policía Judicial irrumpe en el Ayuntamiento de Santillana con altos cargos detenidos
Lo que comenzó como una pugna política se ha transformado en un complejo caso judicial que ha sacudido los cimientos del Ayuntamiento de Santillana del Mar. La investigación anticorrupción que involucra al exalcalde del PSOE, Ángel Rodríguez ha dejado al descubierto una serie de irregularidades en la gestión municipal, incluyendo un alarmante borrado masivo de datos municipales.
El borrado de datos salió a la luz poco después de que Sara Izquierdo asumiera la alcaldía tras una moción de censura que destituyó a Ángel Rodríguez en junio de 2024. Durante una revisión de los archivos municipales, el nuevo equipo de gobierno descubrió que una cantidad significativa de documentos, que databan desde 1983 hasta 2023, habían sido eliminados de los servidores del Ayuntamiento. Entre los archivos desaparecidos se encontraban resoluciones de Alcaldía y actas de plenos, piezas fundamentales para la transparencia y continuidad administrativa.
La magnitud del borrado no dejó dudas sobre su naturaleza deliberada. Según un informe técnico, el acceso a los archivos y su posterior eliminación se produjo desde el ordenador de la Concejalía de Juventud, que estaba bajo la responsabilidad de Paula Pérez, una colaboradora cercana de Rodríguez. Este acto se realizó apenas una hora antes de que Izquierdo tomara posesión del cargo, lo que sugiere un intento de encubrimiento por parte del anterior equipo de gobierno.
La implicación de Ángel Rodríguez
Las sospechas sobre Ángel Rodríguez se intensificaron cuando se supo que el borrado masivo de datos podría haber sido ordenado por él mismo. Durante la investigación, se han planteado hipótesis sobre la posibilidad de que Rodríguez haya intentado eliminar pruebas de irregularidades cometidas durante su mandato, especialmente en lo que respecta a contratos y decisiones administrativas cuestionables.
La detención de Rodríguez, junto con la de Paula Pérez y otros implicados, marcó un punto de inflexión en el caso. Aunque Rodríguez ha negado su implicación en el borrado de documentos y ha atribuido las acusaciones a un malentendido, la Fiscalía y la Policía Judicial continúan investigando su posible responsabilidad en lo que podría constituir un delito grave de daños informáticos y malversación de fondos públicos.
Las ramificaciones legales del borrado
El borrado masivo de datos no solo representa un problema administrativo, sino que también podría tener graves consecuencias legales para Rodríguez y los otros implicados. La eliminación de estos documentos compromete la capacidad del Ayuntamiento para revisar decisiones pasadas, gestionar contratos y llevar a cabo su labor con transparencia. Además, la desaparición de actas y resoluciones podría dificultar la rendición de cuentas y la continuidad de proyectos importantes para la comunidad.
El artículo 264 del Código Penal español prevé penas de prisión para aquellos que, sin autorización, dañen o borren datos informáticos con resultados graves, una descripción que encaja perfectamente con los actos cometidos en Santillana del Mar. Si se demuestra que Rodríguez ordenó o facilitó este borrado, podría enfrentarse a penas severas, además de la mancha indeleble en su legado político.
Las implicaciones políticas
El escándalo del borrado de datos ha generado un profundo malestar en Santillana del Mar. Los ciudadanos, que hasta ahora confiaban en la integridad de su gobierno local, se sienten traicionados y exigen respuestas. La intervención de la Guardia Civil y la posterior detención de figuras tan prominentes como Ángel Rodríguez han intensificado la percepción de que la corrupción y el abuso de poder estaban profundamente arraigados en la administración anterior.
Desde que se hizo pública la investigación, la comunidad se ha visto dividida. Mientras algunos defienden a Rodríguez, argumentando que las acusaciones forman parte de una campaña política en su contra, otros están convencidos de que el exalcalde utilizó su posición para encubrir actos ilícitos y proteger sus intereses personales y los de su equipo.
Un futuro incierto para Ángel Rodríguez
El caso del borrado masivo de datos en Santillana del Mar no solo pone en entredicho la administración pasada, sino que también deja un legado de desconfianza y sospecha que será difícil de superar. Ángel Rodríguez, quien alguna vez fue visto como un líder sólido, ahora enfrenta un futuro incierto, con su reputación política en juego y la posibilidad de enfrentarse a graves consecuencias legales.
A medida que la investigación avanza, queda claro que este no es solo un caso de mala gestión administrativa, sino un reflejo de cómo el poder puede ser mal utilizado para proteger intereses particulares a expensas del bien común. La comunidad de Santillana del Mar, mientras tanto, espera con ansiedad los resultados de la investigación, con la esperanza de que la justicia prevalezca y se restaure la confianza en sus instituciones.
La historia de Santillana del Mar ha sido manchada por el ‘Caso Santillana’, pero también ofrece una lección sobre la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas en la administración pública. Mientras tanto, la sombra del escándalo sigue acechando a sus protagonistas, con Ángel Rodríguez en el centro de una tormenta que aún está lejos de disiparse.