Corrupción del PSOE. Ratificada la condena por corrupción a la ex alcaldesa socialista de Santoña Puerto Gallego

La Sección Primera de la Audiencia ha confirmado la condena de inhabilitación para Puerto Gallego y sus concejales, quienes fueron juzgados por fraccionar contratos entre 2003 y 2009 para eludir controles de legalidad. La sentencia reafirma que los encausados mantuvieron una actitud "antijurídica y punible" y que su comportamiento fue "ilegal y arbitrario".

El tribunal ha incorporado nueva documentación y la testifical del exregidor Sergio Abascal, que declaró en febrero, para concluir que los procesados aprobaron facturas de forma sucesiva para servicios y suministros prestados continuamente por las mismas empresas, ignorando los "reparos de ilegalidad del interventor municipal".

Detalles de la Condena

Puerto Gallego fue condenada a "cinco años de inhabilitación especial" para cualquier cargo público en la administración local. Sus ediles socialistas recibieron una condena de "cuatro años de inhabilitación" para cargos de regidor, teniente de alcalde o cualquier otro electivo en el ámbito municipal. La sentencia original del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, emitida en noviembre de 2021, ya apreciaba la "atenuante de dilaciones indebidas", considerando que el caso se vio casi veinte años después de las primeras irregularidades denunciadas.

La denuncia inicial fue presentada por el exconcejal de Falange, Leoncio Calle Pila, y fue apoyada por el Partido Popular (PP) y el fiscal, quienes coincidieron en que la prevaricación fue "clarísima". Mientras que la acusación particular solicitaba nueve años de inhabilitación y el PP y el fiscal pedían ocho años, las defensas de los acusados solicitaban la libre absolución.

Motivos de los Recursos y Desestimación

Los procesados argumentaron que la juzgadora de instancia no tuvo en cuenta todas las pruebas y que no concurrían los elementos del delito de prevaricación. Alegaron que la Junta de Gobierno Local no tenía potestad decisoria sobre la aprobación de facturas y que los pagos se realizaron siempre con fondos disponibles. Sin embargo, la Audiencia Provincial determinó que la Junta de Gobierno ostentaba, por delegación de la Alcaldía, las competencias en materia de contratación y que su decisión era resolutoria.

El tribunal aclaró que el delito de "prevaricación administrativa" y el requisito de "arbitrariedad" pueden ser cometidos tanto por funcionarios individuales como por miembros de órganos colegiados. En este caso, los "contratos menores" fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local, integrada por el alcalde y varios concejales nombrados por él, quienes tenían la competencia para asistir al regidor en sus atribuciones.

Persistencia en la Ilegalidad

La Audiencia Provincial subrayó que la persistencia en prácticas ilegales no convierte estas acciones en legales. "El hecho o circunstancia de que fuera la práctica habitual en el municipio no resta un ápice de ilegalidad a la acción ni de dolo en la conducta de Puerto Gallego y los concejales de su equipo de gobierno", indicó la sentencia. La regularización de la contratación no implica que las actuaciones anteriores no sean típicas, antijurídicas y punibles.

La ratificación de la condena a Puerto Gallego y su equipo por parte de la Audiencia Provincial de Cantabria es un paso importante en la lucha contra la corrupción administrativa. Este fallo destaca la importancia de adherirse a los procedimientos legales y de mantener la integridad en la gestión de los recursos públicos, asegurando que las irregularidades no queden impunes y que se mantenga la confianza en las instituciones públicas.

La persistencia en la ilegalidad durante los años 2003 y 2009 por parte de los miembros del PSOE en Santoña demuestra una falta de respeto a los controles administrativos y una clara intención de "eludir la legalidad". La sentencia de la Audiencia Provincial es una clara advertencia a aquellos que intenten utilizar su posición de poder para beneficios personales o partidistas.