El Partido Popular (PP) de Cantabria ha dado un paso decisivo en su programa político al lograr que el Parlamento regional inicie el proceso de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, una legislación aprobada en 2021 por el anterior gobierno de coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con el apoyo de Vox, la votación en el Parlamento concluyó con 19 votos a favor y 16 en contra, cumpliendo así uno de los compromisos clave del PP en las elecciones de 2023.

El portavoz del PP en el Parlamento cántabro, Íñigo Fernández, fue el encargado de defender la propuesta de derogación, subrayando que la ley vigente es una imposición unilateral que fractura la sociedad y discrimina entre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Según el PP, la Ley de Memoria Histórica de Cantabria no fue el resultado de un consenso político ni social, y en su aplicación ha generado tensiones que obstaculizan la convivencia democrática y el ejercicio pleno de las libertades. Esta ley, sostienen, favorece un único relato oficial de lo que sucedió durante la Guerra Civil y los años posteriores, algo que consideran incompatible con una sociedad democrática.

🗣️ @juanjoalonsov hace balance del #plenocan en el que la Memoria Histórica y la sanidad han sido los protagonistas. pic.twitter.com/DXJOJiJczA

— Grupo PPCantabria (@gppcantabria) September 23, 2024

El PP defiende la derogación en favor de la convivencia y las libertades

En su intervención, Fernández explicó que la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, aprobada por el PRC y el PSOE en noviembre de 2021, se aprobó sin ningún diálogo con la oposición, sin escuchar otras voces ni aceptar ninguna de las 160 enmiendas que presentó su grupo parlamentario. “Fue la imposición del tercer partido político en votos en Cantabria hacia todos los demás”, afirmó Fernández, refiriéndose al Partido Socialista, que, en ese momento, estaba en coalición con el PRC en el gobierno regional. Según el portavoz, esa falta de diálogo y consenso fue el origen de muchos de los problemas que hoy enfrenta la ley y que justifican su derogación.

El Partido Popular, que llegó al poder tras las elecciones de mayo de 2023, había incluido en su programa electoral la derogación de esta ley. Fernández recordó en su discurso que ya en el debate de la ley en 2021 advirtieron que, de no haber consenso, la ley sería derogada si el PP obtenía una mayoría parlamentaria. “Ofrecimos consenso, pero si no había consenso, esta ley se derogaría”, insistió el portavoz, quien destacó que su partido está cumpliendo una promesa electoral que fue avalada en las urnas por una mayoría de cántabros.

Una ley que discrimina entre las víctimas

Uno de los puntos más criticados por el PP respecto a la Ley de Memoria Histórica es que, según ellos, crea una distinción entre víctimas de primera y de segunda. En el capítulo 1 de la ley, se establece el reconocimiento y reparación para quienes se opusieron al golpe militar y lucharon en defensa de la legalidad democrática. Para el PP, esto implica una discriminación ideológica que favorece solo a las víctimas de un bando, ignorando que durante la Guerra Civil y la posguerra hubo injusticias cometidas por ambas partes. “¿Por qué las víctimas de un bando son más dignas de ser recordadas que las de otro?”, se preguntó Fernández durante su intervención en el pleno.

El portavoz popular también hizo referencia a la creación de una Comisión de la Verdad, prevista en la ley para determinar qué relato histórico debía prevalecer. Este órgano estaría compuesto por cinco miembros nombrados por el Gobierno y el Parlamento, y su misión sería elaborar un relato oficial sobre lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, con la posibilidad de imponer multas a aquellos que no se ajusten a esa versión oficial. Para el PP, esto representa una grave amenaza a la libertad de expresión y a la pluralidad democrática. “En una sociedad democrática del siglo XXI no puede existir una Comisión de la Verdad en la que cinco miembros nombrados por el Gobierno elaboren un relato de lo ocurrido hace 85 años y obliguen a toda la sociedad a comulgar con él”, denunció Fernández, subrayando que este tipo de comisiones son más propias de regímenes autoritarios que de democracias consolidadas.

Adoctrinamiento en las aulas y subvenciones ideológicas

Otro de los aspectos más controvertidos de la ley, según el PP, es su intromisión en el sistema educativo al imponer una asignatura específica sobre la memoria histórica, diseñada por la Comisión de la Verdad, sin contar con el profesorado ni con un verdadero debate en el ámbito académico. Para los populares, esto supone un intento de adoctrinar a las nuevas generaciones con una visión parcial y sesgada de la historia. “Esta imposición ideológica es propia de una dictadura comunista, pero no de una sociedad europea y democrática”, sentenció Fernández, destacando que el sistema educativo debe ser un espacio para el pensamiento crítico y la pluralidad de ideas, no para imponer una narrativa única.

Además, el PP ha denunciado que la ley obliga al Gobierno de Cantabria a financiar anualmente proyectos de memoria histórica impulsados por asociaciones vinculadas a un solo bando de la contienda, lo que consideran una utilización partidista de los fondos públicos. Fernández puso como ejemplo el caso de los 156 asesinados en el buque prisión Alfonso Pérez, un episodio en el que las víctimas fueron asesinadas por integrantes de una checa en diciembre de 1936. Según el portavoz popular, si los descendientes de estas víctimas quisieran crear una asociación para investigar estos hechos, no podrían acceder a las subvenciones públicas previstas en la ley, a diferencia de otras asociaciones dedicadas a recuperar la memoria del bando republicano.

El compromiso del PP con las exhumaciones y el acceso a la documentación

A pesar de su crítica a la ley, el PP ha dejado claro que no está en contra de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista. Según explicó Fernández, su partido seguirá apoyando los procedimientos de exhumación siempre que sean solicitados por las familias y se realicen de manera justa y sin imposiciones ideológicas. “No se trata de negar el derecho de las familias a encontrar a sus seres queridos, sino de garantizar que estos procesos se lleven a cabo de forma justa y sin imposiciones ideológicas”, afirmó el portavoz, matizando que actualmente no hay procedimientos abiertos debido a la falta de solicitudes en Cantabria.

Además, el PP ha asegurado que la custodia del material documental relacionado con la memoria histórica quedará debidamente protegida y disponible para los investigadores, pero sin las restricciones impuestas por la ley actual. Fernández explicó que su partido defiende la libertad de investigación, de manera que los historiadores y académicos puedan trabajar sin que se les dicte de antemano cuál debe ser el resultado de sus investigaciones. “Este enfoque permitirá un estudio más riguroso y plural de los hechos históricos, en lugar de imponer una única verdad oficial”, subrayó.

Una derogación polémica, pero esperada

La derogación de la Ley de Memoria Histórica ha sido motivo de controversia en Cantabria, con una fuerte oposición por parte de las asociaciones memorialistas y los grupos políticos de izquierda, principalmente el PSOE, que han denunciado que el PP y Vox están intentando borrar la memoria de las víctimas del franquismo. Sin embargo, para el PP, la derogación era una cuestión de justicia y de defensa de la convivencia democrática.

Con la derogación de esta ley, el Partido Popular reafirma su compromiso con una visión de la memoria histórica que sea inclusiva y plural, y que no esté condicionada por intereses ideológicos. Fernández concluyó su intervención señalando que el diálogo sigue abierto y que su partido está dispuesto a hablar y a trabajar por una ley de memoria que no divida a la sociedad cántabra. “Estamos abiertos a sentarnos y hablar, lo que no se hizo hace tres años cuando se aprobó aquella ley a las bravas”, finalizó.

PSOE Y EL FRANQUISMO:

El PSOE, liderado en Cantabria por Mario Iglesias, se mostró firme en su oposición a la derogación de la ley, calificando el movimiento del PP como un ataque directo a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas del franquismo. Iglesias subrayó que la Ley de Memoria Histórica no solo tenía un componente de justicia y reparación, sino que también cumplía con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU. "La memoria histórica no es venganza, es un derecho a la verdad y a la reparación", afirmó Iglesias, quien además denunció que el Partido Popular, al derogar la ley, estaba blanqueando el régimen franquista y fomentando el olvido de las víctimas.

El portavoz socialista insistió en que la memoria democrática es fundamental para evitar que los crímenes del pasado queden sin reconocimiento, y advirtió que el PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la derogación. "Podrán derogar la ley, pero no podrán borrar la memoria de miles de cántabros que aún buscan justicia para sus seres queridos", señaló Iglesias, reiterando el compromiso del PSOE de reinstaurar la ley cuando vuelva a gobernar. Para los socialistas, la derogación es un paso atrás que reabre heridas y niega el reconocimiento necesario a todas las víctimas de la dictadura franquista. Por su parte, el otro partido de izquierdas, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), representado por José María Fuentes-Pila, mostró su decepción con la derogación de la ley, describiendo el día de la votación como un "día triste para la democracia en Cantabria". El PRC, que apoyó la aprobación de la ley en 2021, considera que la normativa era esencial para garantizar la justicia y la reparación de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, independientemente de su bando. Para Fuentes-Pila, la ley no buscaba dividir a la sociedad, sino promover la memoria histórica de una manera plural e inclusiva.

El portavoz regionalista acusó al Partido Popular de ceder a las presiones de Vox al derogar la ley, y recordó que la normativa había sido aprobada por una mayoría parlamentaria en su momento, lo que legitima su existencia. Fuentes-Pila pidió que se respetara la dignidad de todas las víctimas, sin importar sus afiliaciones políticas, y advirtió que el PRC luchará para que, en el futuro, cuando vuelvan a gobernar, se reinstaure una ley de memoria histórica que reconozca a todas las víctimas de la represión y garantice el derecho a la verdad y la reparación.

VOX, RENCOR Y REVANCHISMO:

Vox, cuyo portavoz en Cantabria es Leticia Díaz, apoyó sin reservas la derogación de la ley, argumentando que la Ley de Memoria Histórica es una herramienta de división que busca imponer una visión parcial y sesgada de la historia. Para Vox, la ley vigente favorece un relato único que beneficia a un solo bando y fomenta el rencor y el revanchismo entre los españoles. "Esta ley es una imposición ideológica que enfrenta a los españoles en lugar de buscar la reconciliación", afirmó Díaz, quien también criticó la creación de una Comisión de la Verdad como un intento de controlar el discurso histórico desde el poder político.

Vox también denunció que la ley fomentaba el adoctrinamiento en las aulas al imponer una asignatura sobre memoria histórica sin contar con el consenso de los profesionales del ámbito educativo. En palabras de Díaz, la derogación de la ley es un paso fundamental para preservar la libertad de pensamiento y garantizar que el relato histórico sea el resultado de investigaciones académicas libres, no de un guion político diseñado por los partidos de izquierda. "Es esencial que Cantabria avance hacia una sociedad donde todas las víctimas sean reconocidas sin distinciones partidistas", concluyó la portavoz de Vox.

Con este movimiento, el PP da cumplimiento a una de sus principales promesas electorales, eliminando una ley que, en su opinión, no solo era sectaria, sino que obstaculizaba el pleno desarrollo de las libertades democráticas en Cantabria. Mientras que la ley de Memoria Histórica y Democrática pasa al olvido, el debate sobre cómo debe recordarse la historia en la región queda abierto, con posiciones profundamente encontradas entre quienes defienden el derecho a la memoria y quienes abogan por una reconciliación sin imposiciones ideológicas.