La juez imputa a una trabajadora del 112 por la tragedia de El Bocal
La magistrada ha cambiado la situación procesal de la trabajadora, que pasa de testigo a investigada en una causa con cuatro implicados
La investigación judicial por el colapso de la pasarela de El Bocal en Santander, que provocó la muerte de seis jóvenes el pasado 3 de marzo, ha dado un nuevo giro tras la decisión de la magistrada instructora de imputar a la gestora del 112 que atendió el aviso previo al siniestro.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha acordado modificar la situación procesal de la trabajadora del Servicio de Emergencias 112 Cantabria, que pasa de testigo a investigada, en el marco de una causa que busca esclarecer posibles fallos en la cadena de actuaciones previas al derrumbe.
Este cambio responde, según fuentes judiciales, a la necesidad de garantizar sus derechos de defensa, incluyendo la posibilidad de no declarar o contar con asistencia letrada, tras analizar su intervención en la gestión del aviso realizado por un vecino el día anterior al accidente.
Con esta decisión, ascienden a cuatro los investigados en el procedimiento: la propia gestora del 112, la agente de la Policía Local que recibió el aviso y no gestionó la incidencia, y dos responsables de la Demarcación de Costas en Cantabria, organismo dependiente del Estado.
En concreto, la magistrada ha dirigido acción penal contra el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en su condición de director de las obras de la senda costera, así como contra el responsable del Servicio de Proyectos y Obras, al considerar que existen indicios sobre posibles deficiencias en el mantenimiento de la pasarela.
La instructora sostiene que la administración estatal era la responsable de garantizar la conservación de la infraestructura, al formar parte de un proyecto no finalizado. En este sentido, apunta a la existencia de “indicios de posible actuación negligente” en el estado de la estructura que colapsó.
Además, tanto la Demarcación de Costas como el Ayuntamiento de Santander han sido señalados como posibles responsables civiles dentro del procedimiento, en el que ya se han personado trece partes, entre ellas la Fiscalía, la única superviviente y los familiares de las víctimas.
Durante la jornada de este viernes se han celebrado las primeras declaraciones, en una sesión que se ha prolongado durante más de tres horas en el complejo judicial de Las Salesas. Han comparecido testigos clave como los ciclistas que alertaron del accidente, el vecino que avisó del mal estado de la pasarela, agentes de la Policía Científica y una representante de colectivos ciudadanos.
Las investigaciones se centran ahora en determinar si existieron fallos tanto en la gestión del aviso previo como en el estado de conservación de la infraestructura, dos elementos que podrían resultar determinantes en el desenlace del suceso.
La causa sigue abierta y continuará con nuevas diligencias en las próximas semanas, en un proceso que busca depurar responsabilidades en una de las tragedias más graves ocurridas en la costa de Cantabria en los últimos años.
