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Así cambia la jubilación con el nuevo pacto de Gobierno

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un acuerdo fundamental con los agentes sociales sobre pensiones y seguridad social

La nueva reforma introduce incentivos para retrasar la jubilación, mejora las condiciones de la jubilación activa y parcial, y establece cambios significativos en el reconocimiento de coeficientes reductores para trabajos penosos, entre otras medidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado un acuerdo histórico en materia de pensiones y seguridad social tras una extensa negociación con los agentes sociales. Este acuerdo, presentado en una reciente comparecencia para hacer balance del curso político, se basa en tres pilares fundamentales destinados a transformar y modernizar el sistema de pensiones en España.

Incentivos para el retraso de la jubilación

El primer pilar del acuerdo introduce incentivos significativos para aquellos trabajadores que opten por retrasar su jubilación. A partir de ahora, se ofrecerá un incentivo adicional del 2% en la pensión para quienes retrasen su jubilación por un periodo superior a seis meses e inferior a un año. Este incentivo se aplicará desde el segundo año del retraso. Además, se mantendrá el incentivo existente del 4% de incremento por cada año completo adicional de retraso en la jubilación.

El acuerdo también permite una modalidad de cobro mixto, donde los jubilados pueden optar por una parte del incremento de la pensión y otra en forma de abono adicional. Esta flexibilidad busca adaptarse mejor a las necesidades de los trabajadores que decidan postergar su retiro.

Jubilación activa

El acuerdo también establece mejoras en el esquema de la jubilación activa. Los incentivos introducidos son compatibles con este régimen, permitiendo que los jubilados reciban un porcentaje creciente de su pensión en función del tiempo de demora en la jubilación. Con un año de demora, se podrá recibir el 45% de la pensión; con dos años, el 55%; con tres años, el 65%; con cuatro años, el 80%; y con cinco años o más, el 100%.

Además, se elimina el requisito de contar con todos los años de cotización para acceder a la jubilación activa, facilitando el acceso a los jubilados que hayan retrasado su retiro.

Jubilación parcial

El acuerdo también aborda la jubilación parcial. A partir de ahora, los trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que cuenten con un contrato de relevo. El contrato del trabajador relevista deberá ser indefinido y a tiempo completo, y se incluirán a los trabajadores fijos discontinuos en el proceso de relevo.

En el sector de la industria manufacturera, se mantendrán las condiciones anteriores a la reforma de pensiones de 2011 hasta 2029. La cotización progresiva para la jubilación parcial se incrementará hasta alcanzar el 80% en 2029, y se exigirá que al menos el 75% de la plantilla tenga contrato indefinido. También se aplicará el régimen de acumulación de jornada previsto para la jubilación parcial general.

Jubilación por trabajos penosos

Otro aspecto crucial del acuerdo es la modificación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos con altos niveles de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. Se establecerá un nuevo procedimiento para el reconocimiento de estos coeficientes, basado en indicadores objetivos y informes epidemiológicos.

Se recuperará el coeficiente de cotización para los trabajadores fijos discontinuos, multiplicando cada día trabajado por 1,5 a efectos de cotización.

Agilización de pruebas médicas

Finalmente, el acuerdo incluye medidas para agilizar las pruebas médicas. Se firmará un nuevo convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), los Servicios Públicos de Salud y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social para aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Esto permitirá acelerar los procesos de recuperación para patologías traumatológicas, siempre que se cuente con el consentimiento informado del paciente.

Sin embargo, solo los médicos de los Servicios Públicos de Salud podrán dar el alta o la baja de un paciente y serán responsables de solicitar a las Mutuas las pruebas diagnósticas o tratamientos rehabilitadores necesarios. Se establecerá una comisión de seguimiento para supervisar la implementación y evolución de esta iniciativa.