El disparate económico de Sánchez: Cómo el pacto catalán puede afectar a la economía nacional

Este nuevo régimen, que cede a Cataluña la gestión de todos los impuestos y establece un sistema fiscal propio, podría suponer un quebranto para la solidaridad interregional y plantea serias dudas sobre su legalidad constitucional.

El reciente acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anunciado tras las elecciones regionales en Cataluña, ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y sus implicaciones para el sistema de financiación autonómica en España. Este acuerdo, que introduce un "concierto económico solidario", cede a Cataluña la gestión completa de los impuestos y establece un régimen fiscal propio, lo que podría tener profundas repercusiones en la solidaridad interregional y la legalidad del sistema actual.

Características del acuerdo

El "concierto económico solidario" propuesto otorga a Cataluña la capacidad de gestionar todos los tributos generados en la región, estableciendo una especie de régimen fiscal similar al del País Vasco y Navarra, pero sin la base constitucional que sustenta estos regímenes forales. Este sistema se diseñará bajo el concepto de "cupo", cuyo alcance y forma aún no están del todo definidos. La idea es que Cataluña aporte una cantidad para cubrir los gastos de la Administración General del Estado (AGE) en la región, aunque esta aportación no ha sido claramente especificada.

Impacto en la solidaridad interregional

El establecimiento de este régimen especial para Cataluña podría romper con el principio de solidaridad interregional consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Actualmente, Cataluña es una de las comunidades autónomas que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF). Otorgar a Cataluña un régimen especial no solo desestabilizaría el sistema de financiación autonómica, sino que también podría generar un agravio comparativo con el resto de las regiones.

Madrid, Baleares y Cataluña son, en términos netos, las principales aportantes al FGSPF. La propuesta de un régimen fiscal propio para Cataluña implicaría que el resto de las comunidades autónomas, especialmente las aportantes netas como Madrid y Baleares, asumirían una mayor carga financiera para mantener la solidaridad interregional. Esto se traduciría en una menor capacidad de financiación para las regiones menos favorecidas, afectando la prestación de servicios públicos esenciales.

Polémica legal y constitucional

Desde el punto de vista legal y constitucional, el acuerdo presenta serias dudas. La Constitución Española no prevé la creación de regímenes fiscales especiales para comunidades autónomas más allá de los ya existentes para el País Vasco y Navarra, como se recoge en la Disposición Adicional Primera. La creación de un régimen distinto para Cataluña podría considerarse inconstitucional, ya que no tiene cobertura en el marco legal actual.

Además, la propuesta podría violar los artículos 2 y 138 de la Constitución, que garantizan la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales y la solidaridad entre regiones. La posibilidad de establecer un sistema fiscal propio sin una reforma que contemple un cambio estructural en el sistema de financiación autonómica plantea un desafío tanto jurídico como técnico.

Posibles repercusiones económicas

En cuanto a las repercusiones económicas, el nuevo régimen podría tener varios efectos:

1. Asunción de Menores Ingresos: La parte neta que Cataluña dejaría de aportar podría ser asumida por la AGE y las regiones aportantes netas restantes, como Madrid y Baleares, lo que implicaría una mayor carga financiera para estas regiones.

2. Redistribución del Fondo: Alternativamente, la merma en la aportación de Cataluña podría repartirse entre todas las comunidades autónomas de régimen común según su porcentaje de participación en el FGSPF, lo que afectaría la financiación de los servicios públicos en regiones receptoras netas.

3. Impacto en el Sistema de Financiación: Si el sistema fiscal catalán se estableciera con un cupo bajo y una escasa contribución a la solidaridad, el impacto económico para el resto de las comunidades podría ser considerable, con efectos adversos en la capacidad de financiación de los servicios públicos fundamentales.