El Gobierno amplía el plazo para implementar la jornada de 37,5 horas y fija el derecho a la desconexión digital
La propuesta de reducción de jornada laboral del Gobierno podría generar un impacto económico significativo, según advertencias de asociaciones empresariales clave
En una reunión marcada por la tensión entre sindicatos y representantes empresariales, el Gobierno ha presentado su plan para ajustar la jornada laboral a 37,5 horas semanales, extendiendo el plazo de implementación hasta todo el año 2025. Esta medida, defendida por la ministra Yolanda Díaz como un paso crucial hacia el equilibrio entre vida laboral y personal, incluirá períodos de adaptación gradual para las empresas.
Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha insistido en que las empresas tendrán un año completo para integrarse en esta nueva normativa, aunque los detalles precisos se discutirán en la próxima reunión ministerial del 29 de julio. "Es crucial asegurar una transición suave y eficiente", señaló Pérez Rey, sin especificar los términos exactos del período de adaptación.
El debate también ha abordado la posibilidad de introducir flexibilidades adicionales, como más permisos y vacaciones, para ayudar a las empresas a gestionar el cambio. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar desde el sector empresarial, con Anged alertando sobre un aumento del 5,8% en los costos laborales para sus asociados, que podrían traducirse en un impacto económico de 461 millones de euros anuales. Esta medida, según la asociación, podría exacerbar las disparidades de productividad entre grandes y pequeñas empresas.
Cepyme, por otro lado, ha estimado que la reducción de la jornada laboral podría costar hasta 40.000 millones de euros, incluyendo costos indirectos, afectando a casi 9 millones de trabajadores. Tales cifras han avivado las críticas y preocupaciones entre los empresarios, que argumentan que la medida podría tener consecuencias adversas para la economía y el empleo.
Los sindicatos, mientras tanto, expresan su impaciencia ante lo que consideran un proceso de negociación prolongado y poco claro. Fernando Luján de UGT ha advertido que un nuevo retraso en las discusiones podría desencadenar movilizaciones a partir de septiembre, subrayando la urgencia de avanzar en las negociaciones.
En resumen, mientras el Gobierno busca un equilibrio entre las demandas de trabajadores y empleadores, el futuro de la reforma laboral de Yolanda Díaz sigue siendo incierto, pendiente de acuerdos que mitiguen los riesgos económicos y sociales de una transición laboral sin precedentes en España.