La inflación y su impacto en la actualización de las pensiones en España
El Índice de Precios de Consumo (IPC) continúa mostrando incrementos anuales superiores al 3%. Entre diciembre y abril, la tasa media se ha situado en el 3,2%. Para lo que resta del año, se prevé que la inflación se ubique entre el 2,8% y el 3,7%, según Funcas, con una media que probablemente superará ligeramente el 3%.
Desde 2022, las pensiones se actualizan cada enero con la inflación media registrada el año anterior, considerando el diciembre no inmediato previo, sino el anterior. En el caso de 2025, la revalorización de las nóminas de los jubilados se calculará con la inflación media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.
La vinculación de las 10 millones de pensiones contributivas con el IPC pasado se implementó en un momento crucial, coincidiendo con años de inflación récord. En enero de 2023, las pensiones aumentaron un 8,5%; en 2024, un 3,8%; y con las previsiones actuales, se anticipa un incremento del 3,2% en 2025 (posiblemente mayor en las pensiones mínimas y no contributivas).
Aumentar las pensiones contributivas un 3,2% representará un costo adicional de aproximadamente 6.000 millones de euros anuales. Las subidas anteriores ya han generado un sobrecoste estructural de más de 25.000 millones. Actualmente, las pensiones contributivas suponen un gasto cercano a los 180.000 millones (casi 13.000 millones al mes). Si se incluyen las pensiones no contributivas y las clases pasivas, la factura asciende a aproximadamente 200.000 millones.
Este asunto ha sido señalado por la Comisión Europea en un informe sobre España. Los técnicos del Ejecutivo comunitario advierten que "volver a vincular las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro", aunque la legislación contempla 11 acciones específicas para mitigar el impacto de posibles mayores gastos.
La reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno está a la espera de ser evaluada por la Comisión en el marco del cuarto pago de fondos europeos. El incremento del gasto, el envejecimiento poblacional y la futura jubilación de los baby-boomers presionan el sistema público. Los técnicos de Bruselas y el Banco de España han cuestionado recientemente su sostenibilidad tras la reforma.
La Comisión Europea ha advertido que España es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido a la indexación al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad. Se estima que este gasto se elevará del 12% del PIB actual al 14,3% en 2030, al 16,2% en 2040 y al 17,3% en 2050, sin que esto se compense totalmente con mayores ingresos.
El aumento de las contribuciones al sistema y de la edad efectiva de jubilación "compensan parcialmente este aumento", señaló Bruselas en sus proyecciones. Esto provocará que el sistema público de pensiones enfrente un déficit que alcanzará su punto máximo en 2053, del 3,1% del PIB, requiriendo nuevos ajustes. Los datos publicados por el Banco de España ya reflejan un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182% en los últimos cinco años. Actualmente, esta deuda supera los 116.000 millones, un récord histórico, tras los préstamos multimillonarios necesarios del Estado para pagar las nóminas extra de las pensiones a finales de año.
Además, España es el segundo país de la OCDE más generoso con sus pensionistas, con una tasa de reemplazo bruta del 80,4%, solo superada por Grecia (80,8%). Esta tasa mide los ingresos por jubilación en relación con los ingresos durante la vida laboral, reflejando que la pérdida de poder adquisitivo al jubilarse es cada vez menor.
Finalmente, la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) publicada por el Banco de España hace unos días muestra que la renta media alcanza su máximo en los grupos de edad más avanzados, que también son los que acumulan más riqueza. En contraste, los menores de 45 años tienen una riqueza neta en mínimos históricos.