ECONOMÍA

El nuevo gobernador del Banco de España está en la mira de Bruselas

El gobernador, José Luis Escrivá. / EP
El nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España ha generado un intenso debate y ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones y partidos políticos, que han cuestionado la independencia de esta institución clave

La denuncia, impulsada por la asociación Hazte Oír, ha llegado hasta la Comisión Europea, que ha informado que evaluará el caso en función del derecho de la UE.

Contexto del Nombramiento

Escrivá asumió el cargo el 6 de septiembre, trasladándose directamente desde su puesto como ministro de Transformación Digital y Función Pública. Esta transición ha sido calificada de insólita, ya que es la primera vez que un ministro en activo ocupa la máxima autoridad monetaria en España, lo que suscita preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y la independencia del Banco de España.

Reacción de la Comisión Europea

En una carta fechada el pasado lunes, la Comisión Europea se comprometió a examinar la denuncia de Hazte Oír, que se basa en el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el cual exige que los gobiernos de los Estados miembros no influyan en las decisiones de los bancos centrales. La Comisión indicó que podría requerir información adicional al Gobierno español y, si determina que existe una violación del derecho de la UE, podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

La misiva también detalla que la Comisión buscará resolver la situación sin necesidad de llegar al tribunal, lo que podría implicar un diálogo con las autoridades españolas para asegurar el cumplimiento de las leyes comunitarias.

Críticas y denuncias

Hazte Oír argumenta que el nombramiento de Escrivá refleja una clara injerencia del Gobierno en el Banco de España, sugiriendo que esta situación podría comprometer la capacidad de la institución para actuar con objetividad y eficacia. La organización critica que la designación fue realizada sin respetar la independencia del banco, lo que podría llevar a que las decisiones se tomen basándose en intereses políticos en lugar de criterios técnicos.

Además, el aumento salarial de Escrivá, que ha pasado de menos de 80,000 euros a 206,000 euros anuales, ha generado aún más controversia. Este incremento, del 160%, ha sido destacado por críticos como una señal de los beneficios que podrían acompañar a su nuevo cargo.

Postura de otros partidos

El partido Vox también ha levantado la voz en contra de este nombramiento, preguntando a la Comisión Europea sobre los posibles conflictos de interés que podría enfrentar Escrivá. Argumentan que un ministro activo no debería convertirse en el principal regulador financiero que tomará decisiones sobre políticas económicas en las que él mismo ha estado involucrado.

Esta controversia se suma a una serie de críticas dirigidas a la administración de Pedro Sánchez, donde se acusa al Gobierno de colocar a miembros de su partido en posiciones clave de instituciones que deberían mantener una independencia y objetividad, como se ha visto en la Fiscalía General del Estado.