El PSOE se lanza ahora a por la "reduflación"
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha enfocado sus críticas hacia la "reduflación", acusando a los supermercados de reducir la cantidad de producto en los mismos envases, mientras el gasto público sigue incrementando la inflación y la deuda. Según el PSOE, el problema no reside en el aumento de la deuda en 404.182 millones de euros ni en la subida de impuestos en más de 115.000 millones desde su llegada al gobierno. En cambio, el partido atribuye la situación a las prácticas de reduflación en los supermercados.
El PSOE ha presentado un plan de acción basado en tres puntos principales:
- Campañas informativas en colaboración con asociaciones nacionales de consumidores para que los ciudadanos puedan identificar las prácticas de reduflación y protegerse de ellas.
- Obligación de informar claramente a los consumidores sobre cualquier disminución en el tamaño o peso de un producto cuando se mantenga un precio igual o superior.
- Refuerzo de la vigilancia del mercado, controlando la presentación de los productos para evitar errores sobre la cantidad contenida en los envases.
El partido de Pedro Sánchez define la reduflación como "una situación donde la cantidad o el tamaño de un producto disminuye, mientras el precio se mantiene igual o incluso aumenta". Según un estudio de la consultora IPSOS, publicado en noviembre de 2023, el 54% de los consumidores españoles ha notado una reducción en el tamaño de los productos en sus compras habituales, especialmente en snacks, pan, pasta, arroz, dulces y comida precocinada. Además, España ha sido el país con mayor pérdida de poder adquisitivo real entre 2019 y 2022.
El PSOE destaca que en el estudio de IPSOS, realizado en 33 países, "6 de cada 10 consumidores españoles ven esta práctica como inaceptable", posicionando a España entre los países europeos más críticos después de Francia (67%), Suecia (63%) y los Países Bajos (61%).
En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada a finales de 2022, la Comisión Europea indicó que estas prácticas podrían constituir una presentación engañosa del producto, induciendo a error al consumidor medio sobre el tamaño del producto. Esto podría ser contrario a la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales. No obstante, la legislación europea no limita la libertad de los comerciantes para fijar precios o determinar el tamaño de sus productos, lo que obliga a analizar cada caso concreto para evaluar una posible vulneración de los derechos de los consumidores.
El PSOE sostiene que "este fenómeno afecta mayoritariamente a productos de primera necesidad que compramos cotidianamente". Cuando el consumidor no está informado, "constituye una maniobra fraudulenta basada en los hábitos de compra, ya que el fabricante es consciente de que el precio es determinante a la hora de decidir comprar un producto para la mayoría de los consumidores".