Ábalos podría enfrentar cargos graves por el escándalo de mascarillas
La acusación popular en el caso Koldo, liderada por Iustitia Europa, ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional que se cite a declarar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en calidad de investigado. Esta petición se produce tras la finalización y la incorporación al expediente judicial de una auditoría interna realizada por el actual titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, sobre un presunto caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia, según publica The Objective.
En el escrito presentado ante el juez Ismael Moreno, la organización Iustitia Europa sostiene que existen "indicios racionales y suficientes" para la imputación de Ábalos. Los delitos que se le imputan son prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo.
El comunicado emitido este lunes por Iustitia Europa subraya la gravedad de las acusaciones, afirmando: "No puede pasar un segundo más sin que Ábalos sea imputado en la causa ante la Audiencia Nacional, porque el informe de la auditoría del Ministerio de Transportes señalaba decenas de evidencias de que ‘las decisiones y conocimiento eran a nivel ministro, de gabinete del ministro, habilitado por el ministro, con conocimiento del ministro, avalado por el ministro, que dichos movimientos se realizaban al más alto nivel de ministro y que, en definitiva, las decisiones se tomaban a nivel ministro’".
Según la auditoría interna, se indica que Ábalos habría utilizado la normativa de emergencia implementada durante la pandemia para eludir las normativas administrativas, tomando decisiones que eran contrarias a la ley. En este sentido, se pone de relieve la primera compra realizada a Soluciones de Gestión, la empresa central en la trama investigada, en la que se duplicó la cantidad de mascarillas de cuatro a ocho millones, amparándose en el derecho de emergencia del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La acusación también apunta que, una vez adjudicado el contrato a Soluciones de Gestión, se cometió fraude al encargar al único contratista seleccionado arbitrariamente que proporcionara las condiciones ofrecidas. Además, se cuestiona el destino de millones de mascarillas y la utilización de millones de euros de dinero público, al no existir actas, albaranes o comprobantes de entrega, indica The Objective.
Iustitia Europa argumenta que, "partiendo de estas evidencias, existen indicios de que el señor Ábalos, indiciaria y presuntamente abusando de las funciones de su cargo y actuando de forma desleal sobre el patrimonio administrado, dispuso de aquél sin realizar valoración objetiva alguna a la hora de adjudicarle los contratos, indebidamente, a Soluciones de Gestión, con un claro perjuicio al erario público de todos los españoles". La presunta trama de corrupción, que involucraría comisiones ilícitas para obtener contratos para la venta de mascarillas, debe su nombre a Koldo García, exasesor de Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.