La Abogacía del Estado dilata la resolución del caso del novio de Ayuso
La Abogacía del Estado ha entrado en una fase de incertidumbre y dilación en el caso de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La llegada del nuevo Abogado General, David Vilas Álvarez, al frente de la institución ha resultado en una ruptura del acuerdo previamente alcanzado por su predecesor, Julián Martínez-Simancas. El acuerdo original contemplaba la eliminación del delito de falsedad documental en el proceso que se sigue contra González Amador por un presunto delito tributario.
Con la llegada de la nueva responsable del procedimiento, Zaida Fernández Toro, se ha producido una dilatación significativa en los plazos para responder a la propuesta de acuerdo del empresario madrileño. Fernández Toro ha registrado su escrito de contestación en el último día del plazo permitido por la juez, lo que podría posponer el asunto hasta el próximo mes de septiembre.
Hasta la fecha, la causa ha experimentado varias maniobras dilatorias que han frustrado los intentos de alcanzar una solución pactada. El pasado 24 de junio, después de un aplazamiento decretado el 20 de mayo para la declaración de González Amador, el letrado del PSOE de Madrid solicitó la ampliación de la investigación para incluir más delitos, como el de administración desleal. Esta solicitud provocó una disputa entre el PSOE y la Fiscalía, que cuestionó la legitimidad de la petición realizada en el último momento.
La Fiscalía se ha mostrado en contra de la ampliación de la investigación y ha propuesto firmar el pacto entre el 15 y el 17 de julio, y excepcionalmente, del 30 de julio al 2 de agosto. Sin embargo, la nueva letrada pública ha guardado silencio ante los intentos de contacto por parte del abogado de González Amador. Este silencio ha llevado a la Abogacía a posicionarse en el último día del plazo, sin responder a los correos electrónicos y llamadas solicitando una respuesta.
El rol de Fernández Toro ha sido objeto de sorpresa para las partes involucradas, ya que su tardanza en la respuesta ha retrasado aún más la resolución del caso. Con la situación actual, queda por decidir si la magistrada asignada propondrá una fecha para suscribir el acuerdo de conformidad antes de que termine el mes de julio o si se procederá a la práctica de nuevas diligencias propuestas por el PSOE.
La decisión final sobre el futuro del caso dependerá de la magistrada y de la disposición de la Abogacía del Estado para avanzar en los trámites. El cambio en la dirección y las maniobras dilatorias han complicado la resolución del caso, dejando en suspenso la posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo.