¿Adiós a los fondos? La ministra de Vivienda planta cara a las regiones que no respeten la ley
En una entrevista con TVE, Rodríguez ha subrayado que el Estado financia entre el 70% y 75% de las políticas de vivienda de las regiones, y que la entrega de estos fondos estará condicionada al cumplimiento de la ley.
Un llamado a la responsabilidad autonómica
Rodríguez ha insistido en que las comunidades autónomas deben comprometerse a cumplir con la ley, y que no es justo tratar por igual a las regiones que trabajan en ello y a las que, "por atacar al Gobierno, se muestran insumisas". En este sentido, ha dirigido sus críticas a la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, señalando que miles de madrileños sufren las consecuencias de la falta de acceso a una vivienda digna debido a la insumisión a la normativa.
La ministra ha destacado que el Tribunal Constitucional ha respaldado al Estado como competente para garantizar la igualdad en el acceso a la vivienda, lo que faculta al Gobierno para imponer medidas excepcionales en aquellas comunidades que no cumplan con la ley.
Cataluña como ejemplo de aplicación de la ley
Rodríguez ha elogiado a la Generalitat de Cataluña por implementar la ley de vivienda y contener los precios del mercado. Aunque ha reconocido que aún están en fase de prueba, se ha mostrado optimista sobre los resultados a largo plazo. La ministra ha resaltado que el éxito de la ley depende de la determinación de las administraciones públicas para adoptar medidas extraordinarias en todo el territorio.
El reto de aumentar el parque de vivienda pública
Además de la financiación estatal, la ministra ha enfatizado la importancia de que las comunidades autónomas garanticen la permanencia del suelo público para uso social, evitando que termine en manos de especuladores y fondos de inversión. En este sentido, ha anunciado que el PSOE llevará iniciativas en los parlamentos autonómicos para asegurar que el suelo público cumpla con una finalidad social.
Rodríguez ha insistido en que uno de los principales objetivos del Gobierno es ampliar el parque de vivienda pública para estabilizar o reducir el precio de la vivienda libre. El Proyecto Campamento, en Madrid, será clave en esta estrategia, con la construcción de 10.700 viviendas a precios asequibles, cuyas obras comenzarán a licitarse en 2025.