Armengol ordena enviar al BOE la reforma que beneficia a los presos etarras
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de antecedentes penales, que facilitará la salida anticipada de algunos presos etarras, sin volver a votarla, a pesar de la petición del Senado que consideraba su rechazo como un veto.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ordenado que la norma sea enviada al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación, tras escuchar a los servicios jurídicos de la Cámara, según fuentes parlamentarias. Esta decisión ha generado un intenso debate político, ya que la reforma legal ha sido interpretada por muchos como un gesto para favorecer a los presos de ETA, en un contexto donde Bildu ha sido clave en los apoyos al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Senado, presidido por Pedro Rollán, había rechazado la ley con una mayoría absoluta, lo que consideraba un veto que obligaba a su devolución al Congreso. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha optado por seguir adelante con la aprobación, lo que implica que la ley entrará en vigor sin la necesidad de una nueva votación. Esta acción ha sido avalada por los letrados de la Cámara Baja, quienes consideran que el procedimiento parlamentario ha sido respetado.
La reforma ha provocado una fuerte polémica en España. Según un reciente sondeo, el 65% de los españoles cree que Sánchez está beneficiando a los presos de ETA para mantenerse en el poder con el apoyo de Bildu, lo que ha incrementado las críticas hacia el presidente. Con la publicación en el BOE de esta reforma, se facilitará la salida anticipada de presos etarras que cumplan ciertos requisitos, un movimiento que ha encendido el debate sobre el precio político que Sánchez está dispuesto a pagar por el apoyo de los partidos independentistas y nacionalistas vascos.
La ley forma parte de una serie de reformas que el Gobierno ha promovido en los últimos meses y que han sido vistas por la oposición como concesiones para garantizar la estabilidad política. Para muchos, la aprobación de esta norma sin una nueva votación en el Congreso es otro ejemplo de cómo el Gobierno de Sánchez está priorizando sus intereses políticos sobre los de las víctimas del terrorismo y el Estado de derecho.
La publicación en el BOE de esta reforma representa un hito clave en la política del Gobierno socialista, pero también supone un nuevo frente de batalla en el ya complicado escenario político de España, especialmente con elecciones en el horizonte.