La Audiencia Provincial de Madrid respalda la investigación a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la investigación iniciada por el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, según informan fuentes jurídicas a The Objective. El tribunal, que deliberó el martes a puerta cerrada, aceptó parcialmente el recurso del fiscal respecto al secreto de sumario, permitiendo al instructor continuar con la investigación según lo establecido.

La Fiscalía Provincial de Madrid había solicitado el 25 de abril la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa abierta contra Gómez, apenas un día después de que el juzgado de Madrid iniciara diligencias contra ella.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial, con ponencia del magistrado Enrique Jesús Bergés, indicó que, pese al "contenido algo desvalazado de la denuncia" de Manos Limpias, existen "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" sobre las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU, del empresario Juan Carlos Barrabés.

La denuncia, registrada el 9 de abril, afirmaba que Gómez, "aprovechándose de su estatus personal como esposa del presidente del Gobierno de España, ha estado recomendando o respaldando con cartas de recomendación firmadas por ella a empresarios que participaban en licitaciones públicas". Manos Limpias sostuvo que uno de los empresarios favorecidos por estas recomendaciones es Carlos Barrabés, quien habría recibido contratos públicos por valor de 10 millones de euros. El sindicato también alegó que Barrabés organizó el Máster de Transformación Social Competitiva de Gómez y que su cátedra lo contrató como profesor asociado.

Además, se mencionó que Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional en el ‘caso Koldo’, era el contacto de Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones de euros antes de que se negociara "el rescate de la compañía Air Europa, filial de Globalia". Se alegó que Air Europa "acordó pagar 40.000 euros al año al IE África Center de Gómez" y que el acuerdo incluía 15.000 euros anuales en vuelos de primera clase para Gómez y su equipo.

El tribunal explicó que de la documentación anexada a la denuncia se desprende que Innova Next SLU –parte del entramado empresarial de Barrabés– obtuvo contratos con Red.es "ganando a ofertas económicas más atractivas" y que, aparentemente, Gómez recomendó su contratación por carta. No obstante, la acusación de que Gómez habría mediado en el rescate de Air Europa fue considerada "una simple conjetura".

El tribunal concluyó que "existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo" que justifican el inicio de la instrucción acordada y que son suficientes según lo que el Tribunal Constitucional exige para la incoación de un procedimiento.

El tribunal advirtió a la Fiscalía que impedir la investigación basándose en una interpretación estricta "es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad". Además, indicó que el juez debe limitarse a investigar los hechos referidos a las adjudicaciones a Barrabés y debe dar "órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora".

Respecto al secreto de sumario inicial, el tribunal consideró que era "innecesario" y que la denunciada debe conocer el resultado de las diligencias. Sin embargo, el propio juez ya había levantado el secreto días antes.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó que Gómez tuviera vínculos que favorecieran el rescate de Air Europa o la adjudicación de contratos a Barrabés. Según el informe, la única conexión objetiva entre Gómez y Globalia era su coincidencia en dos eventos en enero de 2020. Tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas a Barrabés, concluyó que Innova Next obtuvo la mejor puntuación en criterios de juicio de valor en los concursos.

La Fiscalía Europea (EPPO) también ha mostrado interés en el caso, solicitando información sobre si los contratos investigados incluyen fondos europeos y si podrían ejercer su competencia para investigar dichos contratos.