Los datos presentados por Ayuso alejan el pago a su hermano del posible tráfico de influencias

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha difundido este viernes un informe del vicecosejero de Asuntos Jurídicos y secretario general del Consejo de Gobierno para defender que la presidenta regional no incurrió en ninguna infracción sobre la incompatibilidades ni del Código Ético de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata de un informe firmado por Fabio Pascua Mateo en contestación a una solicitud de la presidenta autonómica sobre la necesidad de abstención en el Consejo de Gobierno del 20 de mayo de 2020 en el que se iba a abordar la tramitación de contratos de emergencia para el suministro de material sanitario en plena pandemia, entre ellos el adjudicado a la empresa Priviet Sportive, S.L., con la que se vincula al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

"No se ha producido en la actuación de ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno, incluida su Presidenta, infracción alguna de sus deberes de abstención legalmente previstos, ni tampoco de los asumidos voluntariamente al suscribir el Código Ético de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, al recibir la dación de cuentas del contrato examinado", se concluye en el mismo.

El contrato fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena pandemia de Covid, para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, y de él se dio cuenta al Consejo de Gobierno.

El líder nacional del PP, Pablo Casado, ha indicado en una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press que la ley de 1995 de Contratos Públicos y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid "no permite contratar con familiares" y una comisión del importe de la recibida por el hermano de Ayuso "puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato".

La propia jefa del Ejecutivo autonómico ha indicado horas después que su hermano cobró una "contraprestación" por importe de 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.

En su argumentación, el secretario general del Consejo de Gobierno alega que el Consejo de Gobierno no es "órgano de contratación de la Comunidad de Madrid" como tampoco "la recepción de la correspondiente dación de cuentas de los contratos tramitados por emergencia supone un elemento del procedimiento de contratación, que se agota con la adjudicación por parte del órgano de contratación".

"Es evidente que el procedimiento de contratación ha concluido con el acuerdo del órgano de contratación, sin perjuicio de que con posterioridad informe al Consejo de Gobierno de las actuaciones realizadas. Es, asimismo, evidente, que el Consejo de Gobierno carece de competencia alguna para alterar el resultado de las actuaciones del órgano de contratación y, por tanto, se limita a la simple recepción de información por parte de dicho órgano de contratación de una manera pasiva. Por todo ello, ha de descartarse que se haya producido 'intervención' alguna en el contrato por parte de ningún miembro del
Consejo de Gobierno", se argumenta.

CASADO SOSPECHA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En la hecatombe que vive el PP, Casado ha buscado acreditar que él y su dirección hicieron lo correcto. En una entrevista con la Cope, ha defendido que los datos bancarios y fiscales que les hizo llegar alguien de la administración eran "suficientemente relevantes para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias".

Casado le ha puesto cifras y letras a sus recelos. 286.000 euros de una supuesta comisión y la pregunta de si Priviet Sportive, la empresa a la que la Comunidad de Madrid compró mascarillas, actuaría como "testaferro" de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. El líder del PP ve dos opciones: ilegalidad o falta de ejemplaridad.

La pregunta, según Casado, es "si es entendible que el 1 de abril (de 2020), cuando morían en España setecientas personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas". Ha pedido saber en concepto de qué se produjo el cobro y ha explicado que la información aflora ahora, tras las denuncias de espionaje hechas por Ayuso. Él no lo denunció al no tener pruebas.

Casado niega que la Moncloa le hiciese llegar un dosier -también el Gobierno lo niega- y ha calificado de "montaje" las denuncias de espionaje a través del Ayuntamiento de Madrid hechas desde Sol y que ayer llevaron a la dimisión de Ángel Carromero como director general del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

El líder del PP argumenta que lo que se dirime es la ejemplaridad del partido y no una pugna por el poder ni por el control del PP madrileño. Además, ha descartado por el momento la expulsión de Díaz Ayuso. El expediente abierto contra la presidenta es por ahora informativo, no sancionador.

AYUSO ADMITE EL COBRO PERO DEFIENDE QUE TODO FUE LEGAL

Minutos después y desde la misma emisora ha respondido Ayuso. La presidenta madrileña ha reconocido en la Cope que su hermano había cobrado una comisión, pero ha defendido que no era ilegal y que ella no intervino en nada.

Posteriormente, ha aclarado en un comunicado que no había comisión, sino un pago de "gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid". Su hermano facturó 55.580 euros.

Sin embargo, Tomás Díaz Ayuso cobró cuatro facturas más de esta empresa en 2020, pero esos conceptos no se han detallado, con el argumento de que no son trabajos relacionados con la Comunidad de Madrid.

Dos consejeros de Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, titular de Sanidad, y Javier Fernández Lasquetty, responsable de Hacienda, han comparecido en rueda de prensa para defender la legalidad del contrato, que pasó todos los trámites sin "tachas ni reparos de ninguna clase".

La dirección nacional no ha respondido a las explicaciones dadas por Ayuso, y las posiciones se mantienen fijas. Génova defiende que pidió información a Ayuso sobre el contrato, y la respuesta fue una campaña de meses de desprestigio. La presidenta sostiene que la dirección nacional quiere destruirla, porque quería liderar el partido en Madrid.

LOS BARONES DEL PP PIDEN FRENAR LA SANGRÍA

Los barones del PP, a los que Casado telefoneó ayer, reclaman verdad y una resolución cuanto antes.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha pedido cintura para parar la "hemorragia". Se ha cometido un error y es Casado quien debe subsanarlo antes del congreso nacional, ha manifestado.

"Espero que no necesitemos llegar a un congreso para solucionar un problema", ha afirmado Feijóo en Esradio. "Sería muy malo dejar este asunto abierto durante meses y resolverlo en un 'match ball' en el congreso", ha advertido.

Después, tras un acto en Santiago de Compostela, ha asegurado que las explicaciones que Ayuso da sobre el contrato son "bastante lógicas" en un contexto en el que era "un lujo disponer de esas mascarillas". Considera, además, precipitado poner conductas en sospecha.

Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de Castilla y León, no se han alineado con ninguna de las partes. Moreno Bonilla se ha limitado a pedir unidad, y Mañueco ha pedido a "todo el mundo" que el conflicto se aclare y "la verdad se abra paso".

Además, a Casado se le ha pedido coser "sin intermediarios" una fractura de su partido sin precedentes, por lo que su número dos, Teodoro García Egea, vuelve a estar en el centro de la polémica.

Solo el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha salido en defensa de quien es su amigo desde la juventud, al sostener que el secretario general busca lo mejor para el PP, aunque su labor sea "muy ingrata".

En lo que hay unanimidad en el PP es en el daño que ha hecho esta guerra al partido y a los afiliados. Sus siglas están envueltas de nuevo en acusaciones de corrupción, fuego amigo y luchas de poder, que avivan los ataques de sus contrincantes.

EL GOBIERNO Y LA IZQUIERDA DENUNCIAN CORRUPCIÓN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido aclarar cuanto antes cualquier acusación de corrupción y ha negado que entregase un dosier sobre Ayuso a Casado. Insinuaciones que, según Sánchez, "no tienen ni pies ni cabeza" y sí "un sentido malintencionado".

"Que no nos usen como coartada de sus líos", ha pedido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve al PP "inhabilitado" para gobernar.