El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado una explicación detallada y por escrito sobre la interpretación que el Ministerio de Hacienda hace del contenido del acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña. Esta solicitud se ha materializado a través de una carta enviada por Rocío Albert, consejera de Economía de Madrid, a su homóloga en el Gobierno, María Jesús Montero.

En la misiva, Albert menciona que en noviembre se dirigió a Montero para expresar su preocupación sobre los pactos con varios grupos políticos, entre ellos ERC, basándose en informaciones de la prensa. La consejera madrileña se refería a temas como las modificaciones en el sistema de financiación autonómica, la condonación de deudas y cesiones tributarias, las cuales, según ella, tendrían graves consecuencias para la Comunidad de Madrid y para el conjunto de España.

Esta preocupación fue manifestada verbalmente por Albert y respaldada por la mayoría de los representantes de otras comunidades autónomas durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 11 de diciembre de 2023. Albert recuerda que en esa reunión Montero afirmó rotundamente, y pidió que constara en acta, que no se estaba llevando a cabo "una negociación bilateral para que Cataluña cuente con una situación particular respecto del resto de Comunidades Autónomas del régimen común".

Albert remarcó que, a pesar de las continuas informaciones en prensa y de las declaraciones del Gobierno de Cataluña, Montero reiteró que el Gobierno de España no mantenía negociaciones bilaterales sobre la "financiación singular" de Cataluña. Además, Montero expresó que no compartía el concierto económico para Cataluña y abogó por una reforma general del sistema de financiación autonómica que debía aprobarse en las Cortes Generales.

Albert subraya que, en contradicción con estas afirmaciones, recientemente se ha confirmado, tanto por ERC como por el Presidente del Gobierno, que sí se estaban llevando a cabo negociaciones bilaterales. "Esta misma semana hemos tenido la certeza de que las negociaciones bilaterales que nos negabas sí se estaban llevando efectivamente a cabo", señala la consejera.

El acuerdo, difundido nuevamente a través de los medios de comunicación, "supone la total ruptura de los principios de igualdad entre todos los españoles y solidaridad entre regiones recogidos en la Constitución, y vulnera tanto la legalidad vigente como los procedimientos establecidos para su modificación", detalla la carta de Albert.

Albert añade que este acuerdo "equivale en la práctica a la salida de Cataluña del régimen común para entrar en un régimen de concierto no previsto constitucionalmente, lo cual sería una derogación encubierta del sistema de financiación autonómica (SFA) y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

La carta concluye mencionando que también se ha conocido la existencia de un "Plan B" para garantizar la aplicación del acuerdo sin contar con los votos necesarios en las Cortes Generales, lo que para Albert supone "un total desprecio no solo al Parlamento y a la Constitución, sino a la propia esencia del Estado de derecho".