Begoña Gómez elige al exministro Antonio Camacho como su abogado para la causa judicial
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para ser citada ante el juez en relación con una causa abierta por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, según publica VozPópuli. La denuncia, presentada por Manos Limpias, alega supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Para su defensa, Gómez ha elegido como abogado al exministro socialista Antonio Camacho.
Antonio Camacho, quien fuera secretario de Estado de Seguridad en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuenta con una trayectoria destacada. Llegó a ese puesto gracias a su amistad con el también exministro de Interior y Defensa José Antonio Alonso, amigo personal de Zapatero. Fuentes socialistas describen a Camacho como "un tipo excelente; un fiscal buenísimo y una bella persona", mientras que fuentes jurídicas lo consideran "una excelente persona; buen compañero, muy buen profesional" y "humilde y nada engreído". En 2011, Camacho fue nombrado ministro del Interior, sucediendo a Alfredo Pérez Rubalcaba. Durante su gestión, Rubalcaba confió en Camacho por su conocimiento de la banda terrorista ETA, permaneciendo en su puesto durante la penúltima tregua declarada por la organización.
En las elecciones de 2011, Camacho obtuvo un escaño por Zamora, al que renunció en 2014 para abandonar la política. Tras su salida del ámbito político, Camacho, fiscal de carrera y juez desde principios de los años 90, se dedicó a la abogacía. En septiembre de 2014, se unió al despacho Pérez Llorca Abogados en el equipo de Derecho Penal Económico, destacándose su experiencia en el sector público y como fiscal. Permaneció allí cuatro años hasta que, en 2018, se incorporó a Moreno Alarcón, un despacho especializado en Derecho Civil, Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil, ampliando su asesoramiento al derecho penal económico.
La causa contra Begoña Gómez se centra en el apoyo por escrito que mostró a la UTE integrada por su socio Carlos Barrabés, que obtuvo tres contratos durante la pandemia del organismo Red.es. La denuncia de Manos Limpias fue seguida por una querella de Hazte Oír por los mismos delitos. El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ha declarado el secreto de las actuaciones para proteger las diligencias y evitar presiones.
El magistrado ha tomado dos decisiones importantes hasta ahora: citar a los periodistas responsables de las informaciones sobre las cartas de apoyo de Gómez y encargar la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras las declaraciones de los periodistas de El Confidencial y Esdiario, el juez recopilará toda la documentación relativa a estas adjudicaciones para avanzar en la investigación. La Fiscalía se opuso rápidamente a la apertura de la causa y apeló ante la Audiencia Provincial de Madrid, que decidirá si la investigación continúa o se archiva.