El CGPJ, atrapado y sin salida

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en una situación de bloqueo que parece no tener fin. Después de tres jornadas de votación sin éxito, y con el verano agotando los plazos, los vocales del CGPJ han decidido aplazar hasta el próximo 2 de septiembre la elección de su nuevo presidente, una decisión que evidencia la profunda división entre los bloques progresista y conservador.

El pleno constitutivo del octavo mandato del CGPJ, celebrado el pasado 25 de julio, marcó el inicio de este estancamiento. En aquella sesión, los vocales propusieron a siete magistrados del Tribunal Supremo como candidatos al cargo. De estos, cinco eran mujeres y dos hombres, una cifra que no ha pasado desapercibida en un órgano que nunca ha tenido una presidenta mujer en sus más de cuatro décadas de historia.

Sin embargo, lo que parecía una oportunidad histórica para romper el techo de cristal en la judicatura española se ha convertido en un punto de fricción. Los vocales progresistas, que defienden la elección de una mujer como símbolo de progreso y equidad, se han topado con la férrea resistencia del sector conservador, que rechaza cualquier tipo de “discriminación positiva” y apoya la candidatura de Pablo Lucas, uno de los dos hombres propuestos.

"No se trata de imponer cuotas, sino de reconocer méritos", argumentan desde el bloque conservador. Para ellos, Lucas, con una larga trayectoria y reconocida competencia, es el candidato más cualificado. No obstante, esta posición no ha logrado superar la barrera de los tres quintos del pleno, es decir, el apoyo de al menos 12 de los 20 vocales, un requisito acordado por PSOE y PP en el pacto de finales de junio que permitió renovar el CGPJ tras cinco años de mandato caducado.

"Estamos ante un callejón sin salida", admiten algunos vocales, que no ven factible que en septiembre se logre un cambio de posturas significativo. La situación es particularmente tensa porque los bloques están empatados: Pilar Teso, la candidata favorita de los progresistas, y Pablo Lucas han obtenido 10 votos cada uno en las últimas rondas de votación. Esta paridad ha generado especulaciones sobre posibles movimientos estratégicos, pero hasta el momento, ninguno de los vocales ha mostrado disposición a ceder.

Vías alternativas: entre lo legal y lo posible

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, algunos vocales han empezado a explorar vías alternativas. Una de las propuestas que ha surgido es la de elegir a un jurista del mundo académico, un perfil que podría actuar como figura de consenso y desbloquear la situación. Sin embargo, esta opción ha sido rápidamente descartada por los progresistas debido a las restricciones legales impuestas por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El artículo 586 de la LOPJ establece que el presidente del CGPJ debe ser un miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado en el Tribunal Supremo o, en su defecto, un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. No obstante, la misma ley subraya que las candidaturas deben ser presentadas y hacerse públicas en la sesión constitutiva del CGPJ, algo que no sucedió en julio, cerrando la puerta a esta posibilidad.

Las reglas de procedimiento acordadas por los vocales para regular la elección del presidente también complican cualquier intento de incluir nuevos nombres en la lista de candidatos. Estas normas estipulan que la presentación de aspirantes “se consuma y agota” en la sesión constitutiva, lo que significa que solo los siete magistrados propuestos en esa sesión pueden aspirar al cargo.

El riesgo de la parálisis judicial

El prolongado estancamiento no solo afecta al CGPJ, sino que también tiene consecuencias graves para el sistema judicial español. Con un tercio de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo vacantes, la falta de un presidente que lidere el órgano complica la cobertura de estas posiciones y genera un cuello de botella en los procesos judiciales.

Además, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia dependen del CGPJ para realizar numerosos nombramientos, y la inactividad prolongada podría desembocar en una parálisis judicial sin precedentes. “No cubrir la presidencia del CGPJ acarrea consecuencias fatales para todo el sistema”, advierten fuentes judiciales, preocupadas por el impacto que esta situación podría tener a largo plazo.

La tensión entre los bloques quedó en evidencia durante el pleno del pasado lunes, cuando los vocales conservadores intentaron introducir en el orden del día un punto para defender a los jueces de los recientes ataques realizados por el Gobierno. La propuesta fue rechazada por los progresistas, que argumentaron que el CGPJ no tiene competencia en ese tipo de asuntos y que la cuestión no era urgente.

¿Habrá acuerdo en septiembre?

Con la elección del nuevo presidente del CGPJ aplazada hasta septiembre, la pregunta que muchos se hacen es si habrá finalmente un acuerdo o si el bloqueo persistirá, agravando aún más la crisis institucional. Los vocales progresistas están decididos a hacer historia eligiendo a la primera mujer presidenta del CGPJ, subrayando que, en los ocho mandatos anteriores, el órgano de gobierno de los jueces ha tenido 10 presidentes varones y que las mujeres representan el 57% de la carrera judicial.

Sin embargo, los conservadores no parecen dispuestos a ceder, insistiendo en que los méritos deben ser el criterio principal para la elección. "El CGPJ necesita un liderazgo fuerte y capaz, más allá de consideraciones de género", afirman desde el sector conservador.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y la incertidumbre se cierne sobre el futuro del CGPJ. La posibilidad de que el bloqueo continúe en septiembre no es descartable, lo que podría llevar a una situación límite en la que el órgano se vea incapacitado para cumplir con sus funciones más básicas.

"Estamos jugando con fuego", advierten algunos analistas, que temen que la falta de acuerdo pueda erosionar aún más la confianza en las instituciones judiciales. La fumata blanca, si llega, será un alivio para un sistema judicial que necesita urgentemente estabilidad y liderazgo. Pero, por ahora, el laberinto en el que se encuentra el CGPJ parece no tener salida.