La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado que el próximo martes presentará el dictamen de los juristas de su partido sobre "el encaje de la amnistía" en el ordenamiento jurídico.

En unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Díaz ha puntualizado también que comparte "su agenda catalana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". 

Díaz avanza que Sumar presentará su dictamen sobre la amnistía el próximo martes en Barcelona

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avanzado que su formación presentará este martes en Cataluña su dictamen jurídico sobre el "encaje de la amnistía" en el marco constitucional. 

"No llevaba en el programa electoral la amnistía, es verdad. Tampoco levaba los Ertes", ha dicho la líder de Sumar.

Preguntada por si ayudaría a la negociación que dirigentes del PSOE visitaran al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas, como publica este viernes 'El País', ha sostenido que eso debe decidirlo el PSOE.

"Lo que hago es trabajar con el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez). Mi agenda catalana está compartida", ha añadido.

Después de que Sánchez reconociera por primera vez negociaciones sobre la amnistía, Díaz ha defendido hablar con claridad sobre ello: "Lo que está manifestando el presidente del Gobierno es el alcance de un nuevo tiempo político en el que queremos que el conflicto político se acabe de una vez por todas".
 

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Sánchez gana tiempo hasta noviembre para tramitar la amnistía antes de la investidura

El de este jueves fue un pequeño paso para desentrañar el misterio, pero un gran paso para Pedro Sánchez. Aunque a regañadientes, el candidato a la investidura reconoció desde Granada por primera vez que el PSOE está «negociando» la amnistía con los grupos parlamentarios. Aunque siguió sin llamarla por su nombre.

Sí anunció que, cuando acabe la ronda de contactos que ha iniciado con los partidos representados en el Congreso, fijará «la posición del PSOE». Con ello dio otra patada al balón hasta finales de la próxima semana, como pronto. Cuando haya visto a todos los portavoces o presidentes de los grupos parlamentarios, menos a Santiago Abascal.

Patada tras patada, Sánchez ha pospuesto de facto la investidura hasta noviembre, aunque la presidenta del Congreso aún no haya fijado la fecha, en medio de las quejas de los populares. Ese aplazamiento va cargado de intención, puesto que dará al PSOE más margen para registrar e iniciar la tramitación de la amnistía en el Congreso antes de la previsible reelección del hoy presidente en funciones.

El atajo de la proposición de ley

La forma que el PSOE dará a la amnistía será la de una proposición de ley del grupo parlamentario socialista, puesto que un proyecto de ley del Gobierno tendría un trámite mucho más largo y farragoso. Por no hablar de que, de tener que pasar por el Consejo de Ministros, requeriría informes de los órganos consultivos del Estado.

Inicialmente, Carles Puigdemont pretendía que la amnistía estuviera aprobada antes incluso de empezar las negociaciones. Eso afirmó en su declaración del pasado 5 de septiembre, desde el Parlamento Europeo. El PSOE se negó, porque ese pago por adelantado suponía ponerse en manos del líder de Junts sin tener ninguna garantía de que éste acabaría pactando. Pero los socialistas sí aceptaron iniciar la tramitación parlamentaria de la amnistía antes de la investidura. Como gesto de su compromiso.

El problema es que a los de Sánchez no les está resultando nada fácil envolver la amnistía en un papel de regalo que aguante el escrutinio del Tribunal Constitucional. Por mucho que Cándido Conde-Pumpido reme a favor. De ahí que necesiten ganar tiempo, y en eso están. La proposición de ley de amnistía que los independentistas registraron en 2021 ni siquiera pasó el corte de los letrados del Congreso: estos concluyeron que era un «indulto de carácter general» camuflado. Y, por tanto, contraria al artículo 62 i) de la Constitución. Entonces, la Mesa del Congreso se amparó en ese informe no vinculante para rechazar su admisión a trámite. Ahora, la Mesa de la Cámara Baja no pondrá objeciones.

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