"El Constitucional ha otorgado impunidad a una trama criminal"

La magistrada Concepción Espejel ha manifestado su desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de absolver al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán de los delitos de prevaricación continuada y malversación. En su voto particular, Espejel ha señalado que el fallo crea un "artificio común estereotipado" que, ignorando la doctrina previa del propio TC, ha otorgado cobertura legal a una trama criminal.

Espejel ha criticado duramente la resolución, que rectifica la sanción impuesta por el Supremo a Griñán. Según ella, esta decisión ha llevado a la impunidad de la mayoría de los implicados, con una argumentación basada en una supuesta vulneración del principio de legalidad penal.

En el punto 10 de su escrito, Espejel recapitula: "En esta sentencia como en las restantes sentencias resolutorias de los recursos de amparo planteados contra las sentencias dictadas en la rama política de los EREs, se ha creado un artificio común estereotipado que, desconociendo la doctrina que este Tribunal ha venido manteniendo en otros recursos, ha llevado a dar cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita y analizada por el Tribunal Supremo, que ha conducido a la impunidad de la mayor parte de los recurrentes, con una argumentación, de la que discrepo, articulada mediante una pretendida vulneración del principio de legalidad penal y, en cuanto resulta insuficiente, mediante una alternativa valoración de la prueba que concluye en la declaración de una inexistente vulneración del principio de presunción de inocencia y la consiguiente absolución definitiva de los delitos de malversación."

La magistrada ha subrayado que "ninguno de los condenados estaba amparado por las sucesivas leyes de presupuestos para cometer los delitos" por los que fueron sentenciados en el Tribunal Supremo. Además, ha denunciado que el argumento principal avalado por los miembros izquierdistas del Pleno se ha complementado con una valoración alternativa de la prueba practicada en instancias anteriores, tanto en el Alto Tribunal como en la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que ha llevado a la absolución definitiva de los delitos imputados a Griñán.

Espejel considera que el TC "ha excedido sus competencias invadiendo las que corresponden al Tribunal Supremo para la interpretación de los tipos penales, para efectuar el juicio de subsunción y para la valoración de las pruebas, orillando el canon pacíficamente aplicado en los recursos de amparo". Paradójicamente lo anterior, en contra del principio de permanencia y seguridad jurídica que el presidente de la Corte, Cándido Conde-Pumpido, defendía para las sentencias dictadas por la Sala Segunda del Alto Tribunal cuando era fiscal general del Estado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El caso ERE, también conocido como EREscándalo, EREgate, caso del fondo de reptiles u Operación Heracles, se refiere al procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). Además, UGT está encausado en el denominado caso UGT de Andalucía por la malversación de 680 millones de euros para financiarse ilegalmente, causa que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Sevilla.

Espejel ha señalado que las sentencias recurridas están "ampliamente motivadas" y "no resultan en modo alguno erróneas o arbitrarias", por lo que el TC debió inadmitir los recursos por falta de especial trascendencia constitucional y, en el estadio procesal actual, desestimar íntegramente todos los recursos planteados. Esto, según Espejel, debió aplicarse ya que no se vulneraron ni el principio de legalidad penal ni el derecho a la presunción de inocencia de los recurrentes, entre ellos el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

La decisión de la mayoría del TC ha sido criticada por Javier Noriega, diputado en el Congreso por el PP de Cantabria, quien afirmó en su cuenta de X que "la anulación de la Sentencia de condena de Chaves y Griñán por parte de Cándido Conde-Pumpido es el hecho más grave ocurrido en España desde el Golpe de Estado de Tejero". Noriega enfatizó que "el Tribunal Constitucional no puede convertirse, en ningún caso, en tribunal de casación del Tribunal Supremo".

El voto particular de Espejel refuerza la postura de quienes consideran que el TC ha actuado de manera inapropiada y ha generado una situación de impunidad en uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente de España. La controversia sobre la actuación del Tribunal Constitucional y las implicaciones de esta decisión seguirán siendo objeto de debate en el ámbito judicial y político del país.