David Sánchez pasó de empleado fijo a autónomo en la Diputación de Badajoz
La Diputación de Badajoz, entidad pública que normalmente opera bajo el radar mediático, se encuentra ahora en el ojo del huracán debido a un cambio laboral que involucra a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un informe reciente de la Agencia Tributaria ha desvelado que en 2023 se produjo una modificación significativa en su estatus laboral: de ser un empleado a sueldo fijo, pasó a prestar servicios como autónomo para la Diputación. Este cambio, que podría parecer administrativo, ha desencadenado una serie de sospechas y polémicas que han puesto en tela de juicio la legalidad y la transparencia del proceso.
El cambio de estatus y sus implicaciones
El informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, subraya que David Sánchez comenzó a obtener ingresos no solo por su trabajo personal, sino también por actividades profesionales en 2023, lo que indica un cambio en su relación laboral con la Diputación de Badajoz. Este movimiento coincidió con otras decisiones controvertidas a su favor, como la eliminación del régimen de incompatibilidades que lo vinculaba exclusivamente al ente supramunicipal, y su ascenso al puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
El régimen de incompatibilidades es una normativa que impide a los empleados públicos realizar otras actividades profesionales que puedan interferir o entrar en conflicto con su función principal. Sin embargo, en octubre de 2022, la Diputación de Badajoz eliminó este régimen para David Sánchez, permitiéndole mantener su salario anual de 53.890 euros mientras ampliaba su capacidad para realizar otras actividades económicas.
Un cambio laboral por la puerta de atrás
La modificación del puesto de trabajo de David Sánchez también genera controversia. Desde 2017, ocupaba el cargo de coordinador de actividades de conservatorios de música, pero en 2023 fue reasignado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Este cambio no fue sometido a los controles habituales: la comisión encargada no fue informada, el asunto no pasó por el Pleno y los sindicatos tampoco recibieron ninguna notificación. Esta falta de transparencia ha levantado sospechas sobre la legalidad de estas decisiones y ha suscitado acusaciones de favoritismo.
Ingresos y declaraciones bajo sospecha
El informe de la Agencia Tributaria revela que David Sánchez ha obtenido más de 458.000 euros en los últimos cinco años, aunque solo 158.592 euros proceden de su trabajo personal y actividades profesionales. En los años anteriores, sus ingresos provenían en su mayoría de su empleo en la Diputación de Badajoz, pero en 2023, al declarar 34.307 euros por actividades profesionales, la situación cambia, sugiriendo que ha comenzado a facturar como autónomo.
Este cambio de estatus laboral, que podría parecer un detalle técnico, ha sido interpretado por algunos expertos fiscales como una posible estrategia encubierta para continuar percibiendo ingresos del mismo pagador (la Diputación) bajo un esquema diferente, lo que podría constituir un fraude a la Seguridad Social. Si bien la Agencia Tributaria no especifica el origen exacto de los ingresos profesionales de Sánchez, las fuentes consultadas indican que probablemente provienen de la misma Diputación de Badajoz, lo que cuestiona la legalidad de su nueva situación como trabajador autónomo.
Libertad de movimiento y polémicas añadidas
Con su nuevo estatus como autónomo, David Sánchez gana una libertad que no tendría bajo el Estatuto del Empleado Público. Esto incluye la posibilidad de residir en un país y tributar en otro, una situación que ha causado gran revuelo debido a las implicaciones fiscales y legales. En los últimos años, Sánchez ha residido en países como Tailandia, lo que plantea dudas sobre cómo cumple con sus obligaciones laborales en España, especialmente cuando su cargo requiere una presencia física que, según algunas fuentes, no se estaría cumpliendo.
Además, se ha sabido que el hermano del presidente no tenía una oficina física donde desarrollar sus tareas como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. En un intento por disimular su ausencia, la Diputación de Badajoz organizó una mudanza exprés para ocultar el hecho de que Sánchez no estaba cumpliendo con sus deberes de manera presencial, una medida que ha sido vista como una maniobra para encubrir su absentismo.
Un trasfondo de irregularidades
Las acusaciones de irregularidades no son nuevas en el caso de David Sánchez. En 2017, ganó una plaza en la Diputación de Badajoz bajo circunstancias que algunos denunciantes consideran sospechosas, alegando un presunto trato de favor. Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz está investigando a Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación. Además de estas acusaciones, se le señala por no tributar en España a pesar de recibir un salario público y por un incremento patrimonial considerable en los últimos años, incluyendo la compra de una casa en Elvas, Portugal, con una donación de 240.000 euros de su padre.
¿Un cambio de nomenclatura o una trampa legal?
Ante las preguntas sobre la legalidad de estas operaciones, la Diputación de Badajoz ha defendido que se trata simplemente de un "cambio de nomenclatura" que no requiere una nueva convocatoria ni la intervención de los órganos de control. Sin embargo, los expertos en administración pública consultados por este medio señalan que cualquier modificación de este tipo debería estar respaldada por un informe riguroso que justifique la necesidad del cambio, un documento que, hasta ahora, no se ha hecho público.
El caso de David Sánchez es un ejemplo más de cómo los vínculos familiares en la política pueden generar sospechas y alimentar teorías sobre el uso indebido de recursos públicos. La falta de transparencia y las maniobras aparentemente encubiertas en su cambio de estatus laboral han levantado muchas dudas sobre la legalidad de estas acciones y sobre si se está utilizando la administración pública en beneficio personal.
La investigación judicial en curso será crucial para determinar si estas irregularidades constituyen delitos y para esclarecer hasta qué punto se han utilizado los recursos públicos para favorecer a una persona vinculada con el presidente del Gobierno. Mientras tanto, la opinión pública seguirá atenta a cómo se desarrolla este caso, que podría tener importantes repercusiones políticas y legales en los próximos meses.