El embajador de Zapatero en Venezuela admite haber cobrado 4,5 millones de euros en mordidas
El exembajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha confesado que él y su hijo Alejo recibieron 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA mediante operaciones simuladas a cambio de asesorías ficticias. La revelación, que supone un escándalo financiero y político, implica un reconocimiento de culpabilidad por un delito fiscal cometido en 2014 y conlleva una condena de 10 meses de prisión y el pago de 1,4 millones de euros en multas.
Morodo y su hijo han llegado a un acuerdo con la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, para admitir las irregularidades cometidas y aceptar las penas propuestas antes de enfrentarse al juicio en la Audiencia Nacional. Según este pacto, padre e hijo reconocen que crearon un entramado empresarial ficticio con el único objetivo de reducir la carga fiscal y evitar la tributación directa por IRPF.
La trama se centraba en la utilización de sociedades sin actividad real, es decir, empresas pantalla, que no tenían oficinas ni medios materiales o humanos para justificar las supuestas asesorías ofrecidas a la petrolera venezolana. Las transferencias millonarias que PDVSA envió a estas entidades acababan finalmente incorporadas al patrimonio personal de Alejo Morodo, ya fuera a través de transferencias directas o de la financiación de gastos personales.
El reconocimiento por parte de los Morodo de su entramado fraudulento es un golpe directo a la reputación del entorno diplomático del Gobierno de Zapatero, que ya había sido cuestionado por su controvertido papel en Venezuela y su cercanía con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La confesión de culpabilidad de Morodo deja claro que las sociedades utilizadas carecían de una estructura empresarial real y eran simples instrumentos para canalizar fondos de manera ilícita.
Las empresas ficticias compartían ciertas características que han sido claves para que la justicia detectara el fraude: no tenían oficinas ni instalaciones fuera del domicilio personal de Morodo, no contaban con personal ni medios materiales, y no asumían los gastos propios de una empresa en funcionamiento. Además, no contrataban servicios externos especializados para el desarrollo de su supuesta actividad, lo que evidenció aún más su naturaleza fraudulenta.
Este caso añade más presión sobre el Gobierno de Sánchez, ya que la figura de Morodo había sido uno de los enlaces principales entre España y Venezuela durante un periodo especialmente delicado para las relaciones diplomáticas entre ambos países. El impacto político de este caso podría tener consecuencias a largo plazo, ya que la oposición ha utilizado la confesión de Morodo para subrayar la falta de control y transparencia en las relaciones internacionales del Gobierno socialista.
El acuerdo alcanzado con la Abogacía del Estado ha sido visto por algunos sectores como un intento de mitigar el daño y cerrar el caso sin un proceso judicial prolongado que pudiera destapar aún más irregularidades. No obstante, la confesión de culpabilidad no solo mancha la reputación de Morodo, sino que también reabre el debate sobre la gestión de la política exterior española y sus vínculos con regímenes autoritarios en América Latina.
La decisión de aceptar la culpabilidad y colaborar con la justicia podría ser vista como una estrategia para evitar una condena mayor, ya que el entramado de empresas pantalla y las transferencias ilícitas a paraísos fiscales podrían haber conllevado penas más severas si el caso se hubiera ventilado en un juicio sin acuerdo previo.
El escándalo Morodo es un nuevo capítulo en una serie de casos de corrupción vinculados a la izquierda española y sus conexiones con Venezuela. Este caso se suma a otras investigaciones pendientes que involucran a políticos y empresarios con relaciones poco transparentes con el régimen de Maduro, lo que plantea interrogantes sobre la honorabilidad y el control financiero en las instituciones diplomáticas españolas.
En definitiva, la confesión de Morodo representa un duro golpe para la imagen del PSOE y su política exterior, revelando las prácticas irregulares que, durante años, fueron denunciadas por la oposición y que ahora han sido confirmadas por uno de los protagonistas principales. La gestión del Gobierno de Zapatero en Venezuela, marcada por la proximidad y los acuerdos opacos con el régimen de Chávez, vuelve a estar en el punto de mira.
El Partido Popular, como era de esperar, ha aprovechado esta confesión para exigir explicaciones y responsabilidades al actual Ejecutivo, sugiriendo que esta es solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción que podría afectar a altos cargos de gobiernos anteriores. Los líderes de la oposición han solicitado que se investigue en profundidad todo el periodo de relaciones diplomáticas con Venezuela durante la etapa de Morodo, así como el origen de los fondos utilizados y el papel de la petrolera PDVSA en este esquema de desvío de dinero.
En el ámbito judicial, la Audiencia Nacional tendrá ahora que ratificar el acuerdo alcanzado con la Abogacía del Estado y decidir si las penas pactadas son proporcionales al delito confesado. La pena de 10 meses de prisión podría ser suspendida, dado que es inferior a los dos años y no tiene antecedentes penales, pero la multa millonaria supone un reconocimiento explícito del daño causado a la Hacienda Pública española.
La pregunta que queda en el aire es si esta confesión abre la puerta a nuevas revelaciones que puedan involucrar a otros actores dentro de la política española y sus negocios con Venezuela, o si el acuerdo servirá como un punto final para un escándalo que ha sacudido tanto al Gobierno de Sánchez como al de su predecesor Zapatero.