¿Robo durante la pandemia? El Gobierno de Sánchez tiene una sombra de corrupción por el 'Caso Koldo' que infecta al PSOE

El 'Caso Koldo', un escándalo que ha sacudido los cimientos del Ministerio de Transportes, sigue cobrándose víctimas. Hoy, el ministro Óscar Puente, uno de los rostros más visibles del PSOE, ha anunciado la destitución de Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Estado de Transportes, y de Michaux Miranda, jefe de personal de Adif. Esta decisión llega tras una auditoría interna que ha puesto al descubierto irregularidades alarmantes en la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia, una operación gestionada bajo la supervisión del exministro José Luis Ábalos, quien también formaba parte del PSOE en esa época.

"La corrupción ha sido un cáncer en la gestión de la pandemia, y hoy damos un paso firme para erradicarla", afirmó el ministro Puente al anunciar las destituciones.

El informe de auditoría revela detalles inquietantes sobre cómo se manejaron las adquisiciones de material sanitario en un momento de crisis. El 20 de marzo de 2020, se emitió una orden para adquirir 3.962.650 mascarillas. Sin embargo, en un giro sorprendente, solo 38 minutos después, la orden fue anulada y reemplazada por una nueva que duplicaba el pedido a 8 millones de unidades. Curiosamente, esta cifra coincidía exactamente con la oferta presentada por la empresa Soluciones de Gestión, lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia y justificación de esta modificación.

"El aumento del pedido en apenas 38 minutos no responde a una necesidad real, sino a los intereses de la empresa adjudicataria", destaca el informe de auditoría.

La auditoría también señala que la decisión de cambiar la cantidad fue comunicada por Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, quien habría dado la orden directa para aumentar el pedido. Este hallazgo ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar la imputación de Gómez y Miranda, quienes están acusados de ejercer presiones indebidas sobre los responsables de adjudicar los contratos de mascarillas.

"Las presiones ejercidas por los altos cargos son un claro ejemplo de cómo se utilizó el poder para favorecer a ciertas empresas en detrimento del interés público."

La compra de mascarillas, que ascendió a casi 20 millones de euros, no estuvo exenta de irregularidades. Las mascarillas se adquirieron a un precio de 2,50 euros por unidad, un coste que, aunque inferior al promedio de mercado, no fue justificado de manera adecuada. Además, las entregas de las mascarillas, que debían realizarse en un plazo de 48 horas, se extendieron hasta el 8 de mayo, mucho más allá del tiempo acordado.

"La falta de competencia en la selección de proveedores y la tardanza en las entregas reflejan una gestión deficiente y opaca."

El informe también revela que, solo seis días después, se realizó una segunda compra urgente de cinco millones de mascarillas a la misma empresa, a pesar de que la primera compra aún no había sido completamente entregada. Esta segunda compra ha levantado serias dudas sobre su justificación y la falta de transparencia en la selección de la empresa adjudicataria, especialmente cuando había ofertas más económicas de otras empresas.

"La repetición de contratos con la misma empresa, sin una justificación clara, apunta a posibles conflictos de interés y favoritismo."

La Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado la imputación de los altos cargos, considera que esta conducta podría constituir un delito de tráfico de influencias. Los correos electrónicos obtenidos en la investigación sugieren que Gómez actuó como intermediario entre el entorno del ministro y los entes adjudicadores, asegurando que la empresa Soluciones de Gestión fuera la seleccionada.

"Las pruebas apuntan a una posible red de influencias que favoreció a una empresa específica durante uno de los momentos más críticos de la pandemia."

El 'Caso Koldo' no es un incidente aislado. La investigación abarca un total de ocho contratos adjudicados por diversos organismos de la Administración Pública, incluyendo Puertos del Estado y Adif, ambos dependientes del Ministerio de Transportes. Los delitos investigados incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. La trama toma su nombre de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, quien jugó un papel central en las adjudicaciones.

"Este escándalo muestra cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones más altas, incluso en tiempos de crisis."

En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio de Transportes ha anunciado que implementará nuevas medidas para garantizar la transparencia en futuras adjudicaciones. Entre estas medidas se encuentra la obligatoriedad de que la Inspección de Servicios realice informes previos para todas las tramitaciones urgentes, con el objetivo de evitar que se repitan las irregularidades detectadas en el 'Caso Koldo'.

"La implementación de medidas de control más estrictas es esencial para restaurar la confianza en nuestras instituciones."

Este escándalo pone de nuevo en la mira la gestión de la pandemia por parte del Gobierno del PSOE, una administración que ya ha enfrentado múltiples críticas por su manejo de la crisis. Con las investigaciones en curso, y las destituciones de altos cargos en marcha, queda por ver si estas medidas serán suficientes para calmar las acusaciones de corrupción y falta de transparencia que siguen pesando sobre la gestión del partido.

"La batalla contra la corrupción no termina con las destituciones. El pueblo español espera justicia y transparencia, ahora más que nunca."