¡Escándalo! El hermano de Pedro Sánchez, bajo la lupa por cuentas bancarias en cuatro países
La acusación popular solicitará información sobre los movimientos bancarios de David Sánchez en cuatro países, con el objetivo de rastrear posibles actividades económicas fuera de España. La organización Hazte Oír ha anunciado que pedirá a la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que requiera a las autoridades información sobre las cuentas que David Sánchez podría tener en Portugal, Rusia, Tailandia y Japón. El propósito es que la magistrada emita un oficio para obtener detalles sobre posibles depósitos en el extranjero, así como identificar a los cotitulares y a las personas autorizadas para realizar movimientos en dichas cuentas. La solicitud será tramitada a través de Manos Limpias, entidad que representa a la acusación popular en el proceso, según publica The Objective.
La semana pasada, la acusación popular presentó varias peticiones relacionadas con el entorno cercano de David Sánchez. Entre ellas, se solicitó que se citara como investigada a su pareja, identificada como una mujer japonesa vinculada al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Asimismo, se pidió la comparecencia del funcionario que le otorgó un despacho en la Diputación de Badajoz y del responsable del informe de la Agencia Tributaria que exoneró a Sánchez de posibles delitos fiscales.
Aunque inicialmente Hazte Oír tenía la intención de incluir la solicitud de las cuentas extranjeras de David Sánchez en una ampliación de querella que contenía 15 demandas, finalmente solo se presentaron ocho. Javier María Pérez-Roldán, abogado de la organización, ha anunciado que presentará de nuevo la solicitud esta semana. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz está investigando a Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación.
Los cambios de residencia de David Sánchez, quien ha vivido en cuatro países en los últimos años, dificultan el rastreo de su incremento patrimonial. Ha declarado un patrimonio valorado en 1,7 millones de euros y un aumento de más de 306.000 euros en los últimos cinco ejercicios fiscales, cifra que no coincide con su salario anual de 53.890 euros en la Diputación de Badajoz. En los dos últimos años, su saldo bancario pasó de 1.975 euros a 121.905 euros.
David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, ingresó en la Diputación en 2017 tras aprobar un concurso que, según los denunciantes, estuvo marcado por un presunto trato de favor. Antes de esto, había adquirido una vivienda en Madrid y un piso en San Petersburgo en 2002, donde fijó su residencia fiscal durante más de una década. En un informe solicitado por la juez, la Agencia Tributaria revela que Sánchez no declaró los rendimientos de ese inmueble en sus autoliquidaciones fiscales de 2019 y 2020.
En 2020, David Sánchez se trasladó a Bangkok, Tailandia, donde residió hasta septiembre de 2021. Durante ese tiempo, alquiló un apartamento de lujo y gastó casi 71.000 euros con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de su padre. Posteriormente, regresó a la Diputación de Badajoz, aunque se tomó una baja por paternidad de 16 semanas en 2022. Desde 2021 hasta 2023, presentó declaraciones de Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) por el alquiler de bienes inmuebles, aunque algunas fueron presentadas fuera de plazo.
La juez Beatriz Biedma solicitó a la Agencia Tributaria que investigara si el incremento patrimonial de Sánchez era superior a 250.000 euros en los últimos cinco años, lo que podría indicar ingresos no declarados. Sin embargo, Hacienda exoneró a Sánchez de cualquier delito fiscal y confirmó que ha tributado correctamente en Portugal, donde reside desde 2022 tras adquirir un palacete en Elvas con una donación de 240.000 euros de su padre.
David Sánchez ha presentado facturas de hospedaje en un hotel en Elvas y transferencias bancarias como justificantes de su residencia en Portugal durante 2022. Además, Hazte Oír ya había solicitado información sobre las cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en mayo de este año, alegando posibles beneficios económicos derivados de su posición, aunque en ese momento no ampliaron la solicitud a otros familiares por falta de indicios suficientes.